“¡Qué se vayan ! ¡Ya no son refugiados!” Estas palabras inapelables de un empleado de una organización internacional se dirigen a refugiados de Etiopía y Eritrea en Sudán. Este país, uno de los más pobres del mundo, acoge (sobre todo en el nordeste) la enorme cantidad de 904.020 refugiados (1). La acción conjugada de las sequías y de la guerra civil que “recomenzó en gran escala” en 1983 (2) ha debilitado considerablemente su ya frágil economía. El reciente boom petrolero beneficia sólo parcialmente a una sociedad agotada por las crisis y que debe afrontar tanto migraciones externas (los refugiados) como internas (los desplazados). Unos y otros plantean verdaderos desafíos a la sociedad que los recibe y a las organizaciones encargadas de aportar ayuda externa.

Dos tercios de los refugiados se encuentran en el este, en la región de Kassala, en la frontera entre Sudán, Etiopía y Eritrea: 122.480 refugiados viven en los campos de refugiados (3) y 564.000 fuera de ellos, instalados “libremente” en zonas urbanas principalmente. Ocho de cada diez son Habash (abisinios), un término antiguo que designa a los habitantes de las altas mesetas de Etiopía. Pero el país cuenta también con otros emigrantes forzosos (“forced migrants”): los que provienen de Chad y de Congo. Los desplazados vienen del oeste del país (Darfur y Kordofan) y de las regiones del sur del Sudán, en guerra desde 1983 (4). Estas víctimas de la guerra civil, que llegan a 1,8 millones (5), han hecho crecer considerablemente las periferias de Kartum, Omdurman y Kartum norte. Los “desplazados” constituyen cerca de la mitad de los habitantes de Kartum y su periferia.

Los desplazados son los nuevos beneficiarios de los programas de desarrollo propuestos por las organizaciones no gubernamentales (ONG). En cuanto a los abisinios (etíopes y eritreos), hace ya dos años que se los invita a dejar sus asentamientos. En efecto, la protección internacional no es incondicional sino que obedece a toda una serie de normas jurídicas. La Convención de Ginebra prevé especialmente una cláusula de cesación del estatus de refugiado, cuando las condiciones que provocaron su partida han dejado de existir. El cambio político producido en Etiopía en 1991, considerado como radical (con la caída del dictador Menguistu Haile Maryam), ha justificado la aplicación de esta cláusula, a semejanza de lo que ocurrió con la independencia de Eritrea (oficiosa en 1991, oficial en 1994). Para las Naciones Unidas, los abisinios ya no son refugiados.

Después del derrocamiento del teniente coronel Menguistu, Sudán, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Etiopía se pusieron de acuerdo para planificar el retorno de esos refugiados, que fueron invitados a volver a Etiopía. Camiones Toyota provistos de altavoces pasaban por los barrios con gran cantidad de población etíope, alabando las ventajas del regreso al país natal. Pero, paralizados por el miedo, los refugiados rehusaban inscribirse en las listas de retorno. Las presiones ejercidas por el ACNUR, a veces de manera poco hábil, provocaron una huelga del hambre en marzo de 2001 en Kartum,. “Financiar estos retornos resulta mucho más barato que alimentar a los refugiados durante años. ¡Los refugiados han costado 130 millones de dólares en 10 años!”, precisa un funcionario del Programa Mundial de Alimentos (PMA). “Pero no obligamos a nadie a irse: ¡simplemente, cortamos la ayuda!”.

En la práctica, esto significa cortar la entrega semanal de alimentos (harina, azúcar, leche, cereales) ¡y la provisión de agua! Es la política del clean up o del clear up (limpiar o despejar), que consiste en obligar a los irreductibles a irse. Se cierra el campo y se desinfecta el emplazamiento. En la estación de las lluvias se corre el riesgo de que los pozos sépticos se desborden... Si bien en esta región no se ha implementado el clean up, en cambio la política de suspensión del agua ha sido ejecutada de manera instantánea por las organizaciones internacionales. La directora de una ONG en Kartum señalaba amargamente: “Se cierran los campos de refugiados y se abren los que se destinan a los desplazados. Por otra parte, en muchos casos son vecinos. A veces son los mismos emplazamientos a los que se les reacondiciona la fachada. El ACNUR cortó el agua en un campo de Kassala donde quedaban varios cientos de personas que se querían quedar, rehusándo ser repatriados. ¡Un miembro de la oficina del ACNUR me pidió incluso que efectuara la limpieza del campo! Yo respondí que esa no era una tarea para nosotros, que somos una organización humanitaria”.

Los campamentos abandonados que se ven en el paisaje polvoriento y desértico del nordeste constituyen jurídicamente no man’s land (tierras de nadie), donde se agrupan poblaciones desprovistas de cualquier estatus. El antiguo campo de Um Gulsa, en el Estado de Kassala, no lejos de la frontera con Eritrea, representa uno de esos espacios insólitos. En diciembre de 2001 el ACNUR decidió su cierre, como se había hecho ya con otros dos campos (Laffa y Newshagarab). Según los sudaneses, 8.000 pobres diablos languidecen en esos tres ex campamentos: con un hospital desierto, sin una enfermera, con la bomba de agua desmontada y la escuela cerrada. Los carteles de las ONG están abandonados, cual vestigios de este campo devenido en un conjunto de cobertizos miserables recobrados aquí y allá.

Algunos miles de eritreos todavía resisten las presiones, a pesar de la sed que los tiene postrados. La mayoría pertenece a la etnia nómada de los Beni Amer, instalada antiguamente en la región, a caballo entre Sudán y Eritrea. Los creadores de la Liga Musulmana, el primer partido independentista de Eritrea, y sus líderes eran Beni Amer; la primera oficina de los independentistas del Frente de Liberación de Eritrea (FLE) se abrió en Kassala en 1962. Ningún registro confiable ha permitido precisar la cantidad de muertos de la etnia Beni Amer desde el cierre de los campos en diciembre de 2001. Cuando se les pregunta por los motivos de su negativa a irse, los sobrevivientes responden: “No queremos irnos ¡porque somos Beni Amer!”. Pero los humanitarios profesionales se niegan a tomar en cuenta esta pertenencia: “¡Si comenzamos a hacer una política étnica, no salimos del atolladero!” Este discurso “encapsula” todas las situaciones políticas en la categoría jurídica de “refugiado”, escamoteando la singular situación de los Beni Amer.

Sin embargo, cuando se repite que el 80% de los refugiados de Kassala son eritreos y el 65% de ellos son Beni Amer, se introduce necesariamente una dimensión política. La tribu ha sostenido ampliamente al Frente de Liberación de Eritrea (FLE), como lo confirman entrevistas llevadas a cabo en los campos, donde todos los hombres dicen ser afiliados a este movimiento, ahora vencido por un frente rival, el Frente Popular de Liberación de Eritrea (FPLE), que actualmente tiene el poder en Asmara (capital de Eritrea). Etnia vencida, etnia refugiada: las condiciones de su retorno al seno de la actual sociedad de Eritrea plantean varios interrogantes. En resumen, los hombres de Um Gulsa no son sólo refugiados: son miembros de un grupo excluido.

“ Los refugiados pueden elegir el lugar de su reinstalación. No están internados en Eritrea”, asegura un funcionario del ACNUR destacado en Asmara. Según él, los verdaderos problemas tienen que ver con la reinserción y con un nuevo anclaje cultural de estos “retornados”, a fin de cuentas muy “sudanizados”. En Um Gulsa y en Wadi Sherifa, se mencionan otras explicaciones: las reintalaciones son dolorosas para los Beni Amer a causa de las tierras confiscadas y de la segregación étnica. Esta reinstalación representa en todo caso el mayor desafío sociopolítico para el gobierno de Issayas Afawarqui, quien también se pregunta sobre la influencia sudanesa –y sobre la de los islamitas- en las comunidades trasplantadas a esos campos donde, a veces, las ONG islamitas actúan en un sentido que disgusta a Asmara. Estos interrogantes pesan en el destino de los “retornados”. Ahora bien, en Um Gulsa se encuentran fundamentalmente mujeres y niños de nómadas extremadamente poco politizados. La base social de esa población no constituye el ámbito tradicional del islamismo, que recluta a sus adherentes sobre todo en las clases medias (en la pequeña burguesía comerciante). En los campos más ricos, con abundante aprovisionamiento, es donde se encuentra esencialmente un discurso favorable al islamismo.

En Wadi Sherifa, inmenso campo bien organizado, el mercado es casi más rico y diversificado que el de Kartum, ya que en la región hortícola de Kassala se encuentran los mejores frutos del país. Algunas chozas de Wadi Cherifa poseen antenas parabólicas y los refugiados miran el canal de televisión Al-Jazeera; muchos refugiados ejercen actividades lucrativas. Al pie de las montañas de Kassala, en varios kilómetros de territorio semidesértico, se han implantado campos que muestran diferencias sorprendentes: se pasa así de Wadi Sherifa a Um Gulsa, es decir de la opulencia a la mayor de las miserias.

El presupuesto del ACNUR para este programa de retorno de los refugiados eritreos llega a 24 millones de dólares, mientras que el presupuesto general de la oficina local de este organismo en Asmara es de 28 millones. Esto es como decir que la política de repatriación constituye claramente, y con todo derecho, una prioridad: 160.000 personas deberían ser llevadas a su país en dos años, ya que el programa se termina en 2004. Concretamente, cada “retornado” obtiene de las Naciones Unidas un terreno de dos hectáreas y un financiamiento de 200 dólares para una choza.

El ACNUR y la Eritrean Relief and Refugee Commission (Errec) (Comisión Eritrea de Ayuda y Refugio) han convencido a la mayoría de los Tigrinya cristianos de las altas mesetas de que abandonen el territorio sudanés. Pero el compromiso que tienen los Beni Amer musulmanes de las tierras bajas en el seno del FLE hace que la argumentación del retorno se vuelva más delicada, a pesar de la decisión de los líderes comunitarios de regresar a Eritrea.

Durante una entrevista en El Cairo, en noviembre de 2001, un dirigente Beni Amer, fundador del FLE, explicaba que apoyaba esta política de retorno pues el exilio sudanés le había hecho perder a esta tribu sus raíces y su lugar en la sociedad eritrea. En su opinión, era el momento de que los Beni Amer retomaran su lugar en el espacio territorial como entidad física, y luego como entidad política. Pero este cálculo no tiene en cuenta el universo real y las preocupaciones de la gente en los campos. También allí, la campaña de información de los actores humanitarios ha reunido un conjunto de torpezas. Y los que han sido abandonados a su propia suerte en los campos de la sed no han juzgado creíbles las explicaciones. La inminencia del retorno a su país ha hecho resurgir recuerdos reprimidos de la guerra entre Etiopía y Eritrea (1961-1991), y también de las sucesivas hambrunas. Los que están desde hace más tiempo son los más reticentes a dejar Sudán; los jóvenes, en cambio, se han inscripto masivamente en las listas para partir.

Los expertos en repatriación de la ONU no han tomado nunca en consideración estos elementos psicológicos. El ACNUR sólo se basa en el discurso racional del cambio político producido en Etiopía (el fin de una dictadura) y en Eritrea (logro de la independencia) para justificar la aplicación de la cláusula de cesación. Ahora bien, estas poblaciones vulnerables siguen petrificadas en el recuerdo de un pasado dramático, que bloquea el proyecto de retorno. Muchos refugiados nos han explicado en Sudán, durante un taller de investigación (6), que no creían en “los cambios políticos producidos en su país”. Habría que haber tenido en cuenta estos miedos, incluso irracionales, en los programas de información para los refugiados. Así se habría evitado, sin duda, la obstinada negativa de los más frágiles.

Los ex refugiados asisten impotentes al abandono de las ONG y se acantonan tras los restos de las chozas, a veces inmovilizados por la sed. Como todos aquellos cuyo sufrimiento ha superado determinado umbral, están paralizados. Repiten que “¡la guerra entre Etiopía y Eritrea no está terminada!”, cuando desde hace dos años se está construyendo algo parecido a la paz. Asisten acobardados a la invasión de su desierto por las Land Rover de la ONU. Cuando una delegación japonesa fue en marzo de 2002, antes de la estación seca, a dimensionar el desastre, la población del campo abandonado no manifestó la menor reacción. La delegación reunió a los que estaban desde hacía más tiempo en lo que había sido el emplazamiento del hospital, con el fin de

recoger una lista de quejas. Pero los hombres de Um Gulsa llegaban difícilmente a expresarse, embrutecidos por el hambre, la sed y la enfermedad.

Desde entonces dejan que los funcionarios arreglen su suerte y decidan quién puede o no beber en la fuente de lo humanitario. Una ayuda que obedece a la lógica de la jerarquización de las prioridades y que está estrechamente condicionada. Una ayuda sometida a lo jurídico y a las rutinas administrativas. Una ayuda custodiada por teóricos que, en nombre del derecho, imponen un orden vacío de sentido. Los Beni Amer, cuando son sudaneses, pueden gozar de asistencia por el hecho de ser nacionales y, como desplazados, pueden recibir donaciones. En cambio, como ex refugiados, se convierten en cantidades irrisorias, aun cuando sean miles. Las puertas se cierran dejando las conciencias totalmente tranquilas.

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* Investigadora en el Centre national de recherche scientifique - Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CNRS-CEDEJ), historiadora, especialista en migraciones forzadas y refugiados; autora, en especial, de Ethiopie-Erythrée: frères ennemis de la corne de l’Afrique, L’Harmattan, 2000, y Les Comoriens de Marseille: d’une mémoire à l’autre (con Karima Direche-Slimani), Autrement 2002, del film Hôtel Abyssinie.

NOTAS:

(1) La gran mayoría de los refugiados se encuentra en el este del país; a título comparativo, habría sólo 5.271 refugiados en Darfur (una provincia del oeste), todos registrados en centros de acogida.
(2) Prefacio de Alain Gresh, en Didar Fawzy-Rossano, Le Soudan en question, La Table Ronde, París, 2002.
(3) Estas cifras son confiables, pues la población de los campos está sometida a censos frecuentes.
(4) Léase a Gérard Prunier, “Paix introuvable au Soudan”, Le Monde diplomatique, Paris, diciembre de 2002.
(5) Marc Antoine Pérouse de Montclos, Migrations forcées et ubanisation, CEPED, París, setiembre de 2001.
(6) “Temps et exil: les pathologies de la mémoire liées à l’exil”, Conferencia en la universidad de Kartum en febrero de 2002. Tema de investigación estudiado por la autora en el CEDEJ, El Cairo.

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