Los jueces de Atenas y los «terroristas»Giles Perrault*Mientras las organizaciones que recurrían a la violencia armada surgidas en Europa en los años ’70 desaparecían una tras otra, el 17 de Noviembre (17-N) griego seguía existiendo. Mientras el miedo a un terrorismo extraterritorial sucedía a los «años de plomo» impuestos por grupos autóctonos (Fracción Ejército Rojo en Alemania, Brigadas Rojas en Italia, Células Comunistas Combatientes en Bélgica, Acción Directa en Francia, etc.), el 17-N griego persistía. Al paso de las décadas, se iba convirtiendo en un mito obsesionante para eso que se ha dado en llamar la «comunidad de la información». La CIA y el MI-6 británico, al que pertenecían ciertos agentes abatidos en Atenas, se empeñaban en vano en su aniquilamiento. La policía griega fracasaba en sus intentos de penetración. Ninguna información se filtraba acerca de sus componentes. Esta especie de «objeto terrorista no identificado» operaba en una órbita aparte. Tan fuerte era su singularidad que la mayoría de los textos consagrados al terrorismo, tanto los extravagantes como los muy versados (1), ni siquiera lo mencionaban. Esta singularidad remitía a una historia nacional también excepcional. Luego de la segunda guerra mundial, Grecia es el único país de Europa occidental donde un golpe militar haya instaurado una dictadura. El régimen de los coroneles reinó de 1967 a 1974. Sólo la derrota sufrida en Chipre frente al ejército turco pudo ponerle fin. El «cambio político», según la expresión vigente en Grecia, no vino acompañado de la purga por muchos esperada. Y el 17-N, creado tras la caida de la dictadura, se ganó una indiscutible simpatía cuando ejecutó a policías torturadores que, lejos de ser sancionados, eran promovidos por el nuevo régimen democrático. El apoyo de la CIA al golpe de 1967 había sido tan poco disimulado que los atentados contra agentes estadounidenses instalados en Atenas prácticamente no suscitaron reprobación. Al paso del tiempo, no obstante, las acciones del grupo se volvieron incomprensibles para sus simpatizantes y decididamente detestables para la opinión pública: asesinato de industriales, representantes políticos, diplomáticos turcos, de un periodista de derecha que se había opuesto a los coroneles. Las reivindicaciones, expresadas en un lenguaje estereotipado, eran propias del chauvinismo más obtuso. Pero atrincherado en un prodigioso autismo político, el 17-N seguía imperturbable perpetrando asesinatos (23 en total), atentados con explosivos y asaltos a mano armada. En el verano de 2002, la explosión prematura de una bomba que hirió gravemente a su portador acarreó al 17-N una caída tan impresionante como lo había sido su prolongada invulnerabilidad. Confesión, premura por sacar partido de las ventajas de una ley sobre los “arrepentidos” oportunamente promulgada, denuncias recíprocas: los miembros del grupo que parecía moldeado en el metal más duro se revelaban tan vulnerables como insignificantes delincuentes comunes. De modo que el aventurerismo político venía de la mano de una desmoralización humana deplorable. El proceso al 17-N, iniciado el 3 de marzo de 2003, podría haber sido ejemplar y pedagógico al desmontar las derivaciones de un terrorismo que se desarrolló al margen de todo movimiento social. Pero se limitó a ser escandaloso. La investigación y la instrucción se desarrollaron en medio de una espantosa histeria mediática, un clima de caza de brujas, con amenazas proferidas contra los abogados de los acusados y los pocos periodistas que se atrevían a recordar el derecho individual a un proceso justo. Rápidamente quedó claro que ese derecho sería burlado. Durante los primeros interrogatorios del juez, policías encapuchados que apuntaban con sus armas a los detenidos reemplazaron a los abogados, las conversaciones ulteriores de los acusados con sus defensores fueron puestas bajo escucha, el gobierno decidió que el proceso tendría lugar frente a un tribunal excepcional compuesto exclusivamente por magistrados, con la particularidad de que se excluyó a priori del sorteo, legal en Grecia, a 190 de los 220 magistrados. Condiciones tan poco dignas de una democracia, que Turquía podría reclamar, con todo derecho, que se deje de poner objeciones a las deficiencias de su justicia. El proceso a los 19 presuntos miembros del 17-N pone en evidencia en cada audiencia las incoherencias y carencias de una instrucción despachada en seis meses. Seis meses para un proceso que algunos periodistas griegos calificaron líricamente de “madre de todos los procesos”... No faltan explicaciones para este desastre judicial anunciado. En su preocupación por vengar a sus agentes, Estados Unidos ejerce una presión constante sobre el gobierno griego que, por su parte, quiere que el caso haya sido olvidado cuando se abran las Olimpíadas de 2004 en Atenas. Pero sin lugar a dudas, es en la negación de los derechos individuales en beneficio de la exigencia de seguridad y en las facilidades ofrecidas por la “lucha del Bien contra el Mal” decretada tras el 11 de setiembre de 2001 donde hay que buscar la explicación principal. Desde ese punto de vista, Grecia no es un caso aislado. El 25 de agosto de 2002, se vio a Francia desdecir drásticamente su política respecto a los exiliados italianos cuando extraditó expeditivamente a Paolo Persichetti, condenado a veintidós años de prisión en Italia por complicidad “moral” de participación en un asesinato político (2). El proceso de Atenas sigue la huella de esa monstruosidad jurídica que es la cárcel estadounidense de Guantánamo. Según la nueva doctrina, la “defensa de la democracia” justifica que se pisoteen los derechos elementales, indisociables de la democracia. La presencia de Yannis Serifis y Theologos Psaradellis en el compartimiento de los acusados plantea un problema sintomático. Ambos niegan, al igual que otros, haber mantenido el menor vínculo con el 17-N. No se presentó ninguna prueba de su pertenencia, si bien Psaradellis fue acusado en un momento por un “arrepentido”, que luego se retractó de su denuncia. Psaradellis, viejo militante trotskista, internacionalista convencido, no podía tener ninguna afinidad con la ideología obtusamente nacionalista del 17-N. Serifis, destacada figura del sindicalismo libertario, condenó en múltiples oportunidades tanto la línea política, o eso que ocupa su lugar, como los métodos del grupo terrorista. Es preciso señalar que la policía griega ya había intentado, a fines de los años ’70, implicar a Serifis en un caso de terrorismo criminal. Apoyado por una poderosa movilización internacional, y con la ayuda de las organizaciones de defensa de los derechos individuales, fue absuelto al cabo de un resonante proceso. Psaradellis reconoce su participación en el asalto a una caja de ahorros en Atenas, cometido en 1983 sin un solo disparo de arma de fuego y hoy prescrito. El 17-N nunca lo reivindicó. La “expropiación”, que Psaradellis reconoce hoy que fue un error político, tenía por objeto la financiación de la publicación de las obras de Pandelis Pouliopoulos, quien introdujo el trotskismo en Grecia. A este móvil de anticuado encanto, cuya falta de seriedad estigmatizaría severamente toda organización terrorista, se agrega un comportamiento atípico, ya que Psaradellis abandonó sin vacilar el puesto de centinela que se le había adjudicado para atender a una empleada embarazada víctima de un mareo, actitud que la prensa ateniense de la época alabó como propia de un “gentleman”. Psaradellis y Serifis son muy conocidos en Grecia por su participación en la resistencia contra los coroneles. Detenido y torturado, Psaradellis se evadió desmontando la cerradura de su celda con una cuchara, como el resistente francés condenado a muerte de la película de Bresson, y al cabo de una peligrosa fuga al estilo Monte-Cristo, logró llegar a la costa turca en una canoa de remos. Pasó a continuación a Bulgaria, cuyas autoridades lo entregaron sin miramientos a la policía de su país. Cuando el juez militar griego ironizó en su presencia acerca de la solidaridad de los “camaradas comunistas búlgaros”, Psaradellis respondió, para deleite de toda la extrema izquierda europea: “Señor juez, su deber es juzgarme a mí. Y es asunto de los trabajadores búlgaros ajustar sus cuentas con los burócratas estalinistas de su país.” Psaradellis se evadió por segunda vez y encontró asilo en Francia, donde trabó amistades inquebrantables. Curiosamente, lo que amenaza suplir la ausencia total de pruebas contra Psaradellis y Serifis es su pasado. Porque el clima imperante es tal que hay quienes consideran que el combate contra la dictadura “preparó el terreno” para el terrorismo. Según los ex torturadores y servidores del régimen de los coroneles contratados como “expertos” por los medios, el heroísmo desplegado en otros tiempos por Psaradellis demuestra que es “capaz de todo”. Semejante subversión de las más evidentes realidades políticas y humanas no puede sino acrecentar la perplejidad de los observadores. En un proceso donde todos los acusados, inocentes o culpables, deberían gozar del beneficio de las garantías democráticas elementales, está claro que una eventual condena de Psaradellis y Serifis completaría el proceso a los jueces de Atenas. ____________________ *Autor de Go !, Fayard, París, 2002. Es digna de destacarse la reedición, en libro de bolsillo, de Garçon aux yeux gris, LGF, París, 2003. NOTAS: (1) Entre los primeros se citará, por ejemplo,
Le Réseau de la Terreur, de Claire Sterling (Lattès, París,
1981) y, entre los segundos, Sociétés et terrorisme, de
Michel Wieviorka (Fayard, París, 1988). Volver a sumario Mayo 2003 |