LE MONDE diplomatique - edición española



La rebelión boliviana

Walter Chávez*

Los graves sucesos ocurridos en Bolivia en enero y febrero pasados, que arrojaron como saldo numerosos muertos y heridos, y edificios públicos destrozados, constituyen una prueba más del agotamiento material de las recurrentes propuestas de ajuste del FMI y de la ceguera de las clases dirigentes latinoamericanas. El país se encuentra ahora bloqueado, en medio de una grave crisis política, social e institucional.

El 6 de agosto de 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), asumió por segunda vez la Presidencia de la República. Había ganado las elecciones del 30 de junio de ese año con apenas el 22% de votos. En coalición con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, cuarto en las elecciones) organizó el llamado Plan Bolivia que, como punto central, contemplaba la creación de 200.000 puestos de trabajo (1), mediante la construcción de sistemas viales en todo el país.

Sin embargo, para acceder a los más de 5.000 millones de dólares en créditos nuevos, el gobierno de Sánchez de Lozada debería tomar medidas urgentes para “enderezar” la economía. El Fondo Monetario Internacional le exigió aplicar la vieja receta y envió una comisión que arribó a La Paz en los primeros días de febrero pasado, para organizar un ajuste severo del déficit fiscal, que actualmente sobrepasa el 8,5% del PBI.

Para satisfacer a la ortodoxia fondomonetarista, había sólo dos caminos: un “gasolinazo” (aumento del impuesto a los combustibles) o un gravamen a los ingresos de la población, ya que por supuesto un impuesto a las ganancias o a la riqueza está excluido. El gobierno se decidió por la segunda opción y envió al Parlamento un Proyecto de Ley de Presupuesto que gravaba los sueldos de más de 840 bolivianos (unos 110 dólares) con una tasa del 12,5%. Esa fue la chispa que incendió la pradera.

El Movimiento Social (2) que acababa de realizar un bloqueo de caminos con relativo éxito, pero que había obligado al gobierno a hacer concesiones (3), se encontraba reagrupando sus fuerzas cuando, el martes 11 de febrero, el Grupo Especial de Seguridad de la Policía (GES) se amotinó. Entre sus varias peticiones destacaba nítidamente un punto que movilizó al grueso de la población: la derogación del “impuestazo”.

Cuando empezó el motín del GES, la misión del FMI aún se encontraba en La Paz (4) y desde las ventanas del hotel cinco estrellas que ocupaba podía escuchar y ver el descontento popular, que crecía y crecía hasta convertirse en un levantamiento que sacudió los cimientos del poder y en dos días dejó 33 muertos y más de 200 heridos de bala. Este súbito conflicto reunió en un solo bando a los trabajadores, estudiantes de secundaria, desempleados, parte de la sociedad civil descontenta y la policía frente al ejército. Este último, valiéndose de francotiradores emplazados en los edificios públicos, dio protección a la dirigencia política y se convirtió en el último guardián de ésta y de las instituciones.

El mismo miércoles, cuando los enfrentamientos callejeros seguían cobrando víctimas, el presidente Sánchez de Lozada apareció en televisión para dar un lacónico mensaje: retiraba el impuestazo y llamaba a los ciudadanos a la calma. Pero Bolivia sólo se calmó después de otras 30 horas de protesta y rebeldía.

La crisis económica y política

El país enfrenta una crisis que lleva ya cuatro años y tiende a radicalizarse cada vez más, fundamentalmente porque el modelo económico impulsado a partir de 1985 por el mismo MNR (durante la presidencia de su líder histórico, Víctor Paz Estenssoro) muestra como nunca sus límites.

A partir de esa fecha, después de frenar la hiperinflación, de privatizar las empresas estatales (5) y de apostarlo todo a la llegada de inversión extranjera, los sucesivos gobiernos se dieron cuenta de que en realidad el país, al contrario, era incapaz de frenar la fuga hacia el exterior del escaso excedente. Los organismos crediticios internacionales se preocuparon por extraer grandes sumas a modo de pagos por deuda externa y se negaron a proporcionar nuevos créditos. Además, los dos colchones financieros con que contaba el país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y los dineros que ingresaban por el narcotráfico (calculados en unos 500 millones de dólares anuales) sufrieron visibles mermas. YPBF fue desmembrada y privatizada y cumpliendo exigencias de Estados Unidos se ordenó la erradicación total de los sembradíos de coca.

En Bolivia no existe un mercado interno propiamente dicho: la acelerada concentración de riqueza y el consiguiente empobrecimiento del grueso de la población hicieron que la economía se informalizara a tal punto, que el sector productivo nacional está constituido actualmente por unas 550.000 unidades domésticas campesinas de autosubsistencia, 770.000 establecimientos urbanos informales y no más de 500 empresas propiamente capitalistas (6). La desocupación en el país afecta al 11,95% de la población activa (7) y el sueldo básico es de 420 bolivianos (unos 55 dólares).

Desde 1985 este modelo económico funciona merced a un sistema político basado fundamentalmente en los partidos tradicionales y sus “pactos de gobernabilidad”, es decir, acuerdos entre partidos electoralmente minoritarios para impedir el acceso de programas alternativos (que por otra parte, como se verá, aún no existen). La política se concentró en las elites (hacendados, sectores empresariales, representantes de organismos multilaterales, tecnócratas) que comparten los mismos intereses. Se conformó así una suerte de consenso neoliberal, con el apoyo irrestricto del sistema mediático. Como correlato se buscó la desmovilización y la despolitización de la sociedad y la erosión del tejido corporativo de base, mediante el debilitamiento de gremios y sindicatos.

Esto funcionó casi a la perfección hasta 1999. Es a partir de este momento que un sector relativamente importante del empresariado nacional se reconoce afectado por un modelo que, dominado por la inversión extranjera llegada con la capitalización, no puede controlar la fuga del excedente y por lo tanto no tiene cómo frenar la caída del mercado interno. Poco a poco se va tomando conciencia de que la crisis es radical y que si sus ribetes dramáticos tardaron en manifestarse fue porque los indicadores macroeconómicos se mantuvieron estables, la inflación es irrelevante (entre el 0,5 y el 1,5% anual, un dato que expresa la contracción de la demanda) y, al menos por ahora, la población no se ve obligada a hacer las colas de antaño para avituallarse.

Resurgimiento social

En abril y septiembre de 2000, aparecen los movimientos sociales. Al principio estas fuerzas –que incluyen a casi todos los marginados del sistema: indios, campesinos, sectores urbanos empobrecidos y en general esa muchedumbre plebeya que bloquea carreteras y caminos– se expresaron centralmente como movimientos de resistencia, pero luego fueron asumiendo una acción política más definida, llegando a convertirse en verdaderas alternativas electorales. Es el caso del Movimiento al Socialismo (MAS) dirigido por el campesino cocalero Evo Morales, y del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), de clara filiación aymara, dirigido por Felipe Quispe.

Los movimientos sociales empiezan a tener vigencia por la manera en que enfrentan al Estado en el Altiplano, porque le exigen mayor participación y reconocimiento de la institucionalidad sindical, y por la forma en que en septiembre de 2000 interpelan y derrotan en Cochabamba a una subsidiaria de la transnacional Bechtel que pretendía subir indiscriminadamente las tarifas del agua potable. A partir de allí, el Movimiento Social se perfila como un factor de regeneración y transformación de la política boliviana.

En las elecciones del 30 de junio de 2002, el MAS alcanza el segundo lugar y sólo es privado de llegar a la Presidencia de la República por un pacto de última hora entre el MIR y el MNR. De todas maneras, el MAS logró llevar al Parlamento 35 nuevos senadores y diputados, en una renovación histórica en el poder legislativo. A partir del 6 de agosto de 2002, el Parlamento boliviano incluyó como idiomas válidos para el debate el quechua, el aymara y el guaraní, y las sesiones dispusieron de traducción simultánea. Este triunfo, el más importante alcanzado por el MAS, fue puramente simbólico, pues en un período de siete meses no pudo hacer aprobar ninguna ley que beneficie a los sectores que representa, debido a la férrea oposición de la mayoritaria coalición oficialista.

Estado Mayor del Pueblo

Otra vez el sistema político cerraba filas contra los representantes de los movimientos sociales. Esta fue la causa de la convulsión social que empezó el 13 de enero pasado. Evo Morales había enviado un mensaje a la nación para dejar en claro que ante la imposibilidad de modificar al sistema político desde la gestión parlamentaria optaba por la movilización callejera, que desde entonces considera el único medio de resistencia para impedir que el gobierno boliviano termine de vender al capital transnacional los recursos hidrocarburíferos (principalmente el gas, que está en proceso de venta a la transnacional Pacific LNG); consume la erradicación total de la coca de la región del Chapare e incluya al país en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esos fueron los tres puntos principales de la movilización social y el bloqueo de caminos, duramente reprimido por las fuerzas militares y policiales, hasta los sucesos de febrero contra el impuestazo a los salarios.

La violencia con que Gonzalo Sánchez de Lozada pretendió aplacar al movimiento social en enero se convirtió en el elemento cohesionador de una resistencia popular que incluyó a la otrora poderosa Central Obrera Boliviana (COB), a las Centrales Obreras Departamentales y la Coordinadora del Agua, quienes junto al MAS y al MIP, organizaron el llamado “Estado Mayor del Pueblo” una entidad suprasindical que exigió una y otra vez la renuncia del Presidente.

Este antecedente es clave, pues fue el inicio del proceso de deslegitimización por el que transitó el gobierno de Sánchez de Lozada hasta el miércoles 12 de febrero, cuando los líderes de la oposición y la gente acabaron pidiendo su renuncia en las calles. El Presidente tuvo que abandonar el Palacio Quemado escondido en una ambulancia (8) y sus ministros desaparecieron, mientras la multitud se entregaba a los saqueos. Con la policía amotinada, se produjo un peligroso vacío de poder. Por ahora, el gobierno se sostiene respaldado por la bota militar (9).

Pasado el susto, el poder político empezó a recomponerse, pero era evidente la sensación de que el esquema de gobernabilidad, con la economía digitada por el FMI, había llegado a su ocaso. Incluso Carlos Calvo, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, se atrevió a exigir un “cambio en el modelo” (10).

Para emprender formalmente una reorientación, Sánchez de Lozada reorganizó su gabinete el 19 de febrero. Recortó 4 de los 16 ministerios y echó mano de medidas demogógicas, como renunciar a su sueldo y prometer la rebaja de los de sus ministros. Como puntada final de este programa de enmiendas, nombró un delegado presidencial para revisar las privatizaciones. El FMI aportó a esta tensa calma con una medida compasiva: no condiciona más la futura ayuda, no es imprescindible que se rebaje el déficit fiscal y por lo tanto no habría un “gasolinazo”, la otra medida en cartera.

De todas maneras, estas jugadas no aseguran casi nada. Los movimientos sociales siguen en pie de guerra y ya se prefigura un conflicto de magnitud cuando Sánchez de Lozada tenga que anunciar la venta del gas a la Pacific LNG, que planea exportar por un puerto chileno, según los estudios avanzados. Este será quizás el punto de quiebre de la lealtad de las fuerzas armadas al régimen, pues el núcleo de la oficialidad y una gran parte de la ciudadanía están en contra de este proyecto debido a la rivalidad histórica con el vecino país, después de la Guerra del Pacífico (1879), cuando Bolivia quedó despojada del territorio que le daba acceso al mar.

Límites y alternativas.

¿Por qué no cayó Gonzalo Sánchez de Lozada el miércoles 13 de febrero? La respuesta atañe a las debilidades de los movimientos sociales, que tienen bastante densidad local y son estructuras de poder regional, pero no han podido expandirse nacionalmente. Parecen haber llegado también a un punto de desarrollo máximo y su discurso es cada vez más radical, pero menos propositivo.

Por su fuerza cuantitativa pueden paralizar y poner en jaque al Estado, pero debido a su debilidad estructural, a su praxis marcada por el voluntarismo de sus dirigentes y a su escasa experiencia, no han logrado hasta ahora articular un modelo económico y de gestión alternativo. Hasta hoy, los movimientos sociales bolivianos sólo han opuesto beligerancia al viejo Estado y su agenda ha derivado cada vez más hacia la confrontación abierta. En los acontecimientos del miércoles 13 de febrero fueron rebasados por la muchedumbre urbana, que fue la que en realidad estuvo a punto de hacer caer al gobierno.

Hasta ahora, el único gran logro de los movimientos sociales es haber introducido en la opinión pública la idea de que hay en realidad dos poderes: el de las instituciones formales y el de los sindicatos y los núcleos gremiales. En un suerte de tierra de nadie se mueven los empresarios nacionales y la clase media urbana. Los partidos tradicionales ya no logran cohesionar a la comunidad. Bolivia se debate entre un sistema en franco declive y otro que no termina de configurarse.

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*Codirector de la edición boliviana de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.

NOTAS:

(1) En su anterior gobierno (1993/1997) Gonzalo Sánchez de Lozada había prometido 500.000 empleos, pero no cumplió.
(2) Denominación genérica que engloba a los movimientos campesinos, cocaleros, sindicatos, Coordinadora del Agua, ONGs, etc., que suelen actuar unidos.
(3) El 13-1-03, el MAS de Evo Morales empezó un bloqueo de caminos que al ser reprimido por el gobierno dejó 15 campesinos muertos.
(4) El Juguete Rabioso, La Paz, 16-2-03.
(5) En Bolivia, a la privatización se la llama “capitalización”. Las transnacionales compraron el 51% de las empresas estatales y asumieron la completa dirección.
(6) “La fuerza de las ideas”, Foro del Desarrollo, citado en Le Monde diplomatique, edición boliviana, La Paz, enero de 2003.
(7) Según la Confederación de Empresarios Privados. La Razón, La Paz, 26-12-02.
(8) La Prensa, edición vespertina extra, La Paz, 13-2-03.
(9) Declaraciones del politólogo Róger Cortez, El Diario, La Paz, 23-2-03.
(10) Calvo formuló estas declaraciones en numerosos medios, en particular en el programa “A toda radio” de Fides, 20-2-03.
W.C.© LMD Ed. Cono Sur.

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