Para muchos, no sólo se han desvanecido los sueños de hacer fortuna en la Bolsa sino también la esperanza de una jubilación apacible. Maurice Jones, ciudadano británico y asalariado modelo, es una prueba de ello. Habiendo comenzado a trabajar a los 16 años, logró escalar a pulso todos los escalones de la jerarquía, al punto de llegar a ser director de la división hilado del grupo textil Lister & Co. Aportó durante toda su vida al fondo de pensión de la empresa. Sin embargo, a los 64 años, ni siquiera piensa en la jubilación porque, como él dice, debe continuar “trabajando para tener justo lo necesario para vivir (1)”. Su empresa quebró, arrastrando el fondo de pensión vinculado a ella; el dinero que aportó durante más de treinta años se evaporó y ahora ya no tiene nada. “Cuando a uno le sucede una cosa así, sólo queda suicidarse o pelear”. Él eligió la lucha.

Por su parte, Digna Showers es asistente administrativa desde hace más de 18 años en Enron, en Estados Unidos. Un buen día de diciembre de 2001 se enteró de que le quedaba exactamente “media hora para recoger sus cosas e irse (2)”. Perdió de golpe el empleo, el seguro médico, el seguro de vida e incluso su derecho a la jubilación, aunque ya había aportado cerca de 400.000 dólares al fondo de pensión de la empresa. Kenneth Lay, el presidente de Enron, embolsó unos 34 millones de dólares antes de liquidar la empresa, sólo vendiendo opciones de compra de acciones. Digna Showers, en cambio, deberá contentarse con la prima global de 23.500 dólares pagada por el fondo público de garantía de las jubilaciones (Pension Benefit Guaranty Corp. – PBGP). En Gran Bretaña ni siquiera existe este tipo de organismo.

Historias como las de Maurice Jones y Digna Showers se cuentan a montones en los países donde la jubilación por capitalización está a la orden del día (especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Países Bajos). Hasta hace poco se la presentaba como la solución milagrosa para brindar seguridad y prosperidad a los jubilados, ante un régimen público de reparto sin aliento, agobiado por el shock demográfico. El balance no tiene apelación.

Es cierto que no todas las situaciones son tan dramáticas. En la mayoría de los casos existe una jubilación pública para limitar (un poco) los daños. En Gran Bretaña la pensión básica no representa más que un 20% del salario de los activos, pero en Estados Unidos llega al 35%, y en Países Bajos varía desde el 40% para una pareja con un salario promedio al 70% para una persona que recibe el salario mínimo. Pero la mayoría de los asalariados de esos países ven cómo sus futuras jubilaciones se derrumban al mismo tiempo que los mercados financieros.

El resbalón ya alcanza proporciones gigantescas: según la empresa de auditoría estadounidense Watson Wyatt, entre 1999 y 2002 el valor de los fondos de pensión a nivel mundial se ha reducido en alrededor de 2,8 billones de dólares. Una suma cercana a diez veces el presupuesto de Francia. El economista Christian E. Weller considera que la pérdida para un hogar estadounidense que tiene un fondo de pensión puede valuarse en 43% (3). Y el proceso todavía no ha terminado.

En realidad, no todos los asalariados se encuentran en la misma situación, ya que esos fondos no siempre funcionan con los mismos mecanismos. Para simplificar, se puede decir que existen dos categorías: los fondos de pensión de prestación definida y los de contribución definida. Los primeros le aseguran al contribuyente una renta cuyo monto está garantizado por el empleador (siendo frecuentemente el 70% ó 75% del salario en actividad). Para el ahorrista el resultado es bastante parecido al del sistema de reparto, con la diferencia de que el dinero recaudado se coloca en la Bolsa y, a veces, en acciones de la empresa. Cuando ésta se derrumba, aparece la catástrofe. Es lo que ocurrió con Enron.

En los fondos de pensión de contribución definida, no se le asegura nada al contribuyente. Lo que va a cobrar al final de su carrera depende enteramente del nivel de las tasas de interés y de las acciones al momento de dejar de trabajar. El asalariado es quien asume todos los riesgos.

La adhesión a esos fondos es facultativa en ambos casos, pero sólo los trabajadores con un empleo estable pueden acceder a ellos (es decir, un asalariado estadounidense cada dos en el sector privado). Aquellos que sólo tienen contratos de duración determinada o que trabajan a tiempo parcial pueden aportar a una cuenta de ahorro individual. Pero en la mayor parte de los casos les faltan recursos para hacerlo.

En su origen, los fondos de pensión de prestación definida, destinados a completar las jubilaciones públicas, eran los más difundidos. En Estados Unidos el 80% de los asalariados del sector público está todavía cubierto por esos fondos, contra sólo un quinto en el sector privado. Los asalariados contribuyen a esos fondos, los empleadores pagan su cuota parte (en muchos casos bastante más modesta) y el conjunto es colocado en el mercado financiero.

En los años 1990 las direcciones de las empresas tuvieron el pretexto del boom de la Bolsa para dejar de seguir poniendo dinero en la alcancía. Privilegiaron las colocaciones en acciones que subían por lo menos el 15% anual, lo que garantizaba duplicar las sumas invertidas en cinco años, en el peor de los casos. “Durante la burbuja financiera, explica Alistair Mc Creadie, analista del ABN Amro, las compañías tomaban el dinero que los contribuyentes aportaban a los fondos de pensión y lo utilizaban para pagar a los accionistas o distribuir bonus. Ahora contemplan el agujero gigante de los déficits (4)”. Los fondos de pensión de las grandes firmas automotrices, por ejemplo, tienen déficits abismales: en 2002, el déficit de Ford llegó a 14.500 millones de dólares y el de General Motors a 17.000 millones.

En Europa, la empresa calificadora de riesgo Standard and Poor’s considera que diez de las más importantes empresas que cotizan en bolsa corren el riesgo de sufrir grandes déficits en sus fondos de jubilación. Están entre ellas el gigante alemán Thyssen Krupp, las francesas Arcelor (ex Usinor) y Michelin. Naturalmente, esos agujeros financieros repercutirán sobre las ganancias declaradas, que van a reducirse, lo que traerá seguramente una nueva caída de las cotizaciones bursátiles y, en consecuencia, una disminución de los rendimientos de los fondos de pensión; disminución que conllevará un nuevo aumento de los déficits, y así siguiendo...

Enfrentadas a este engranaje, algunas compañías se han presentado directamente en quiebra. En Estados Unidos, utilizan la ley de quiebras (y especialmente su capítulo XI) para lograr una “moratoria” de sus deudas sociales. Entonces es el Estado quien toma la posta. El año pasado, el fondo de garantía estadounidense PBGC debió tomar a su cargo a 180.000 jubilados adicionales; y así pasó de un excedente de 7.700 millones de dólares en 2001 a un déficit de 3.600 millones de dólares en setiembre de 2002 (5). Se habla incluso de un déficit de 11.000 millones de dólares. En resumen, los asalariados pagan dos veces: como contribuyentes al fondo de jubilación que luego se declara “en quiebra”, y como contribuyentes al fondo público de garantía.

Ahora la mayoría de las empresas cierra sus fondos de pensión de prestación definida, impidiéndole el acceso a los nuevos asalariados. Para el empleador, la ventaja es doble: paga menos contribuciones, y le transfiere el riesgo al empleado. En Estados Unidos, la cantidad de trabajadores cubiertos por algún régimen de jubilación de prestación definida ha pasado del 43% en 1975 a menos del 20% en 2000 (6).

La evolución es similar en Gran Bretaña. Así, la gran cadena de distribución Sainsbury’s habla de un aumento de las contribuciones del 7% para todos (7). Siempre en Gran Bretaña, el grupo Honda, que también ha cerrado el ingreso a su fondo de pensión de prestación definida, quiere postergar la edad de jubilación de los que quedan de 60 a 62 años, y bajar los salarios un 2,2% en promedio (8). Los fondos de pensión ingleses, por su parte, reclamaron establecer la edad de jubilación a los 70 años y una ayuda del Estado para sacar a flote a las cajas.

En realidad, no se necesita ningún decreto para modificar la edad de salida de la vida activa: como no tienen medios para dejar de trabajar, los asalariados se quedan en la empresa todo lo que pueden, o bien encuentran trabajos menores. Cerca de un cuarto (23%) del ingreso de los estadounidenses de más de 65 años proviene del trabajo. Y sólo uno de cada cinco británicos de más de 65 años vive por encima de la línea de pobreza.

En el resto de Europa, los fondos de pensión no llevan todavía tanto tiempo de implantación como para haber llevado a tales estragos. Pero han hecho su aparición en todas partes: en Alemania, sólo el 10% de los asalariados está cubierto por planes de ahorro de contribución definida; también en Italia la proporción es del 10%. En España el sistema combina fondos facultativos y fondos obligatorios: entre ambos llegan al 45% de la población.

En Francia, el percance de los “empréstitos rusos” y de los bonos del tesoro, devaluados a partir de la posguerra, está grabado en la memoria colectiva, y este tipo de colocaciones suscita más aversión que entusiasmo. Para evitar el obstáculo, Laurent Fabius inventó la más presentable expresión de “ahorro salarial”, con el apenas oculto objeto de crear “fondos de pensión a la francesa”. Muy al principio del derrumbe bursátil y en plena campaña para la elección presidencial de abril de 2002, todos los candidatos –incluido el del Frente Nacional- se pronunciaron a favor de la creación de un ahorro para la jubilación. Sólo tres de ellos (Robert Hue, Olivier Besancenot y Jean-Pierre Chevènement) afirmaron su oposición (9).

El buen sentido debería llevar a archivar estos proyectos. Incluso el diputado François Cornut-Gentille, de la Unión para la Mayoría Presidencial, considera que parece “inoportuno hablar de fondos de pensión cuando la Bolsa se derrumba (10)”. Jean-Pierre Raffarin habla poco de esto, pero los fondos de pensión figuran con todas sus letras en sus proyectos. Sin tener necesidad de pregonarlo, puede limitarse a relanzar los productos financieros existentes. En efecto, por el temor a la disminución de las jubilaciones, los que tienen medios buscan precaverse (11). Las colocaciones en seguros de vida aumentaron enseguida hasta alcanzar a unos 730.000 millones de euros en el año 2000. Casi inexistente al final de los años 1980, el ahorro salarial totaliza unos 55.000 millones de euros, mientras los fondos de capitalización (del tipo Préfon para la función pública) y los fondos de jubilación suplementaria de las empresas privadas (que se parecen a fondos de contribución definida) se han adueñado ya de 120.000 millones de euros. Esta evolución es peligrosa desde varios puntos de vista.

En primer lugar, este sistema demuestra ser muy poco equitativo. Si bien el 11,9% de las familias francesas poseen algún producto de ahorro financiero, cerca de un tercio (32%) de los hogares que disponen de un ingreso superior a 3.800 euros mensuales están en esa situación, mientras que sólo un 4,3% de los hogares con un ingreso entre 750 y 1.200 euros tienen algún producto de ahorro financiero (12). Estas desigualdades pueden agravarse todavía.

Así, Carrefour propone “un diagnóstico personalizado de las necesidades [del asalariado] en materia de complementos de jubilación”, a partir del cual se determinará la tasa de contribución que debería pagar al fondo. Con este sistema las mujeres, que tienen una esperanza de vida superior a los hombres, deberían pagar más. Y si esta lógica de individualización a ultranza prevaleciera, ¿qué pasaría con un asalariado víctima de una enfermedad larga (sida, cáncer, etc.)? ¿Podemos imaginar acaso la aparición de tests genéticos de predicción, como los que ya existen para el ingreso en algunas empresas estadounidenses?.

Además, esos fondos de pensión –ya sean a la francesa o al estilo anglosajón- no permiten liberarse como por milagro de la cuestión demográfica que constituye, según se nos dice, el núcleo del problema de las jubilaciones. La automotriz estadounidense Ford, que ha realizado despidos masivos en las dos últimas décadas, cuenta desde entonces con un trabajador activo por cada jubilado; en General Motors la proporción es de uno cada dos jubilados... Como ocurre con el régimen de reparto, cuatro soluciones son posibles: crear empleos para volver a equilibrar esa relación, aumentar la cuota parte de contribución de las empresas (lo que las asociaciones patronales rechazan), hacer pagar a los que trabajan, o reducir las jubilaciones.

De la misma manera, el célebre fondo de pensión estadounidense Calpers deberá enfrentar a partir de 2005 un aumento sin precedentes de la cantidad de jubilaciones a pagar; para lo cual deberá vender masivamente las acciones que posee, impulsando así automáticamente una caída en la cotización de las acciones puestas a la venta. Esta caída trae consigo una reducción de los fondos de pensión de los trabajadores activos, que entonces deberán aportar más, de manera parecida a lo que ocurre actualmente con el derrumbe bursátil. Esta es, por otra parte, la razón por la cual los financistas estadounidenses militan en pro de la creación en Europa de fondos de pensión capaces de comprar masivamente esos activos que se pondrán en el mercado, con el fin de evitar su derrumbe, que podría sumarse al actual retroceso. Y así los trabajadores europeos en actividad pagarán por los jubilados estadounidenses más ricos...

Estos sistemas también favorecen la inseguridad social: se sabe lo que se paga, pero no lo que se va a cobrar. Los gestores de los fondos involucrados esgrimen estudios que muestran que, a largo plazo, las acciones tienen siempre buen rendimiento. Uno de esos gestores explica en el diario económico Les Echos (13): “¿La caída de la bolsa? Ese riesgo no afecta al ahorrista, que tiene el tiempo a su favor. ¡La naturaleza bursátil hace bien las cosas!” El problema es que la naturaleza humana no las hace tan bien. Todo depende del momento de la jubilación. Si ésta se produce en plena alza bursátil, el cálculo de la renta o del capital pagado estará en su apogeo. Pero si se produce en un período de derrumbe, estará en su punto más bajo. El economista estadounidense Christian E. Weller ha calculado que habiendo pagado la misma suma durante 40 años, alguien que se hubiera jubilado en 1966 duplicaba el capital colocado. Diez años más tarde, un jubilado en las mismas condiciones sólo cobraba el 40% de lo que había aportado (14).

Xavier Pétrolen, responsable de la dirección de los fondos de pensión de la Caja de depósitos y consignaciones, lo reconoce: “Incluso a plazos muy largos, de veinte a treinta años, se pueden tener rendimientos negativos en la bolsa”. Es la gran diferencia entre el régimen de capitalización y el régimen de reparto: por estar vinculado a la volatilidad de los mercados, el primero no puede aportar seguridad, mientras que el segundo, garantizado por el Estado y por el conjunto de los activos, sí puede hacerlo.

Finalmente, estos sistemas privados le cuestan caro al Estado y a los regímenes sociales. En 2002, las exenciones de cargas fiscales y de contribuciones de que gozaban los fondos de ahorro salarial representaban, por sí solas, la mitad del déficit de la seguridad social (4.500 millones de euros). Como lo señala Pierre-Yves Chaunu, especialista en fondos de pensión y consejero de la Confederación General del Trabajo (CGT), “esto canibaliza el sistema”, que ve cómo se reducen sus recursos y su capacidad para responder a las necesidades. Pero el gobierno y la mayoría de derecha prevén nuevas exenciones para estimular las colocaciones. “No sólo son los más ricos los que más se benefician, explica Jacques Nikinoff, presidente de Attac (15), sino que esto tiende a favorecer el ahorro en un momento en que el país está sufriendo una atonía del consumo”. Según él, si los asalariados quieren ahorrar, más valdría crear una libreta de ahorro-empleo, según el modelo de la libreta A de Francia, correctamente remunerado, con el fin de financiar los proyectos de desarrollo de las empresas.

La jubilación por capitalización no sólo es económicamente absurda, socialmente peligrosa y moralmente injusta. En un cierto plazo, su extensión puede conducir a una implosión de la jubilación de reparto.

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NOTAS:

(1) Testimonio recogido por Eric Pfanner, “Pensions crises gathers pace”, International Herald Tribune, París, 3-3-03.
(2) Junto a otros asalariados del grupo, Digna Showers da su testimonio en el sitio de la asociación estadounidense “No más Enron”: www.nomoreenrons.com.
(3) “Retirement out of reach”, en Economic Policy Institute (EPI), Washington, agosto 2002.
(4) International Herald Tribune, op.cit.
(5) New York Times, Nueva York, 31-1-03.
(6) Catherine Sauviat, “Les effets conjugués des faillites et de la baisse de la Bourse sur les régimes complémentaires de retraite par capitalisation aux Etats-Unis”, Chronique internationales de l’IRES, Noisy-le-Grand, nº 81, marzo 2003.
(7) BBC News, 28-2-02.
(8) BBC News, 21-3-02.
(9) “L’épargne et l’élection présidentielle”, Le Monde Argent, 18-3-02.
(10) Tribuna libre, Le Monde, París, 7-2-03.
(11) “El verdadero escándalo de las juvilaciones”, Le Monde diplomatique, edición española, enero 2003.
(12) “Les compléments de pension”, documento nº 1 de la sesión plenaria del 12-9-02 del Consejo de Orientación de las Jubilaciones.
(13) Les Echos, París, 26-4-99.
(14) “Protecting 401 (K) plans for a safe retirement”, EPI issue brief, 7-2-02.
(15) Jacques Nikonoff, La comédie des fonds de pension, Arlea, París, 2000.

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