LE MONDE diplomatique - edición española



Europa organiza la clandestinidad

Nicholas Bell*

La producción intensiva de frutos y legumbres figura entre los sectores menos reglamentados de la política agrícola común (PAC), y por ende, entre los más sometidos al liberalismo salvaje. Según Pierre Berlan, investigador del Instituto nacional de investigación agronómica (Inra): «El empleador debe contar constantemente con una cantidad de mano de obra que le permita realizar su cosecha sean cuales fueren las circunstancias climáticas o económicas. Hace falta un ejército de reserva de obreros agrícolas, que es provisto por la mano de obra inmigrante clandestina. Hay una verdadera articulación, una complementariedad entre inmigración clandestina e inmigración oficial.» (1) Berlan se refiere al «modelo californiano» instaurado en el siglo XIX, pero la constatación es igualmente válida para la Europa actual. Con una pequeña diferencia : en adelante deberá hablarse en términos más generales de «trabajo no declarado», efectuado tanto por ciudadanos del país como por inmigrantes.

Uno de los pocos estudios de campo europeos realizados en seis países por un grupo de sindicalistas lo confirma : «Las heteróclitas informaciones dan cuenta claramente de prácticas turbias o decididamente ilegales, locales, heterogéneas, que tienden a desarrollarse, intensificarse, extenderse. Esto va desde el aumento de las horas extra no declaradas de asalariados permanentes hasta la propagación de formas ilegales, a veces incluso esclavistas, de reclutamiento de la mano de obra agrícola, pasando por las formas más atípicas y flexibles de trabajo ocasional (2)».

A este cuadro se añade el papel decisivo de las grandes cadenas de distribución que ejercen una presión terrible sobre los productores. Estos últimos se han convertido en verdaderos subcontratatistas que procuran salir adelante comprimiendo, al precio que sea, el único asiento sobre el que pueden incidir : el empleo. Tomando como ejemplo la venta de verduras de hoja (lechuga, escarola, etc), Benis Brutsaert explica : «Ahora los pedidos ya no se toman por la mañana, sino en función de la demanda de las ‘grandes superficies’. En cualquier momento del día, los compradores llaman por teléfono para decir que necesitan un camión, un pallet, tres pallets, en tal o cual lugar. Es imposible, entonces, tener una mano de obra fija, ya que en cualquier momento puede necesitarse a quince personas durante dos horas. Hay que tener un ejército de reserva, desocupados, beneficiarios del RMI (Ingreso Mínimo de Inserción), clandestinos (3)».

La situación se ha vuelto absurda e insostenible para los productores. En doce años, en Bouches-du-Rhône, desapareció el 43% de las explotaciones. Algunas empresas francesas y españolas invierten en Marruecos a fin de reducir aún más sus gastos salariales. Al mismo tiempo, las ganancias de los supermercados aumentan vertiginosamente : cinco de las diez mayores fortunas de Francia provienen de la «gran distribución» (4).

El resultado es desastroso para los asalariados. Las miserables condiciones de trabajo se dieron a conocer del modo más escandaloso con la ola de salvajismo racista que estalló en febrero de 2000 en El Ejido, Andalucía, contra obreros agrícolas marroquíes (5). La presencia masiva de inmigrantes clandestinos que trabajan en la agricultura en España quedó nuevamente en evidencia en ocasión de un trágico accidente de ruta, cerca de Murcia, en enero de 2001, que causó la muerte de 12 peones agrícolas clandestinos ecuatorianos. Todos trabajaban a cambio de una remuneración de 2,41 euros la hora. Tuvo que ocurrir esta tragedia para que nos enteráramos de la existencia de 20.000 ecuatorianos clandestinos en esa región y 150.000 en España. La situación es ciertamente más impactante en la región de El Ejido, pero los abusos existen en todas partes de Europa.

En Gran Bretaña, los gangmasters organizan los equipos de trabajadores, que proceden cada vez más de los países del Este, y regulan el nivel salarial y las condiciones de trabajo. «El ideal para la empresa agrícola es hacer del trabajo un factor variable según el nivel de producción, y ya no un factor (y por ende un costo) prácticamente fijo (...). Para conseguirlo, lo más sencillo es subcontratar el reclutamiento de la mano de obra necesaria por día, o incluso por hora, en agencias de reclutamiento legales o ilegales (6).»

En Holanda, uno de los primeros países del mundo en intensificar la agricultura, un tercio de los trabajadores clandestinos, estimados en 100.000, trabajan en la producción de flores y legumbres. En casi todas partes, se tiene a disposición un abanico de «recursos humanos», amplísimo y compuesto por cuatro categorías : ciudadanos legales que no obstante realizan gran número de horas extra mal pagadas o no pagadas; ciudadanos no declarados (desocupados, beneficiarios del RMI....); inmigrantes legales, con o sin contrato, cuyas horas de trabajo superan igualmente los límites establecidos; y por último, inmigrantes clandestinos.

En Francia existe uno de los estatutos de trabajo temporario agrícola más antiguos de Europa : los contratos OMI (ver recuadro). En otros países europeos existen contratos similares. Por ejemplo, el estatuto de «Ernthelfer» (ayuda a las cosechas) fue introducido en Austria en mayo de 2000. «Se estima en 7.000 el número de personas que no puede permanecer más de seis semanas. La seguridad social no existe, los salarios son ínfimos, la organización sindical brilla por su ausencia. El empleador no aporta a la caja de seguros de desempleo ni a la de jubilaciones. Ahorra así el 15,5% del salario bruto (6).»

En 1991, Alemania introdujo el estatuto de trabajo temporal en los sectores agrícola, forestal y hotelero. El contrato tiene un límite de tres meses. En 2000, se entregaron 220.000 permisos nuevos a trabajadores temporeros agrícolas. En teoría, desde 1998, se fijó un límite de 180.000, pero el gobierno definió un «sinnúmero de excepciones, tales como el ‘peligro de quiebra causado por una mano de obra demasiado costosa’».... Se estima que el número de trabajadores no declarados y de aquellos que disponen de un estatuto legal es similar. Alrededor del 90% de los inmigrantes contratados por los agricultores alemanes son polacos. Estos están dispuestos a trabajar muchas horas por muy poco dinero, ya que la relación de los salarios entre Polonia y Alemania es de 1 a 10.

Estos estatutos del trabajo temporal conllevan múltiples efectos perversos. La obligación de volver a su país hace casi imposible toda denuncia de los abusos. Además, el tiempo que un trabajador temporero pasa en Europa Occidental no se toma en cuenta como antigüedad dentro del territorio nacional, si éste quisiera un día solicitar su regularización. Un clandestino en Francia, por ejemplo, con varios años de residencia, puede obtener en ciertos casos un permiso de residencia de un año. En contrapartida, un obrero con contrato OMI ocho meses por año durante veinticinco años no tiene ningún derecho.

Gracias a estos estatutos del trabajo temporal, los poderes europeos consolidan una forma intolerable de segregación en el mercado laboral. Según Alain Morice, investigador del Centro nacional de investigación científica (CNRS) sobre las migraciones y la sociedad, «es perfectamente imaginable que poco a poco, de derogación en derogación de tal o cual artículo del código del trabajo, se prescinda por completo del trabajo ilegal, por la simple razón del considerable abandono de la noción misma de legalidad. Si tomamos, por ejemplo, el trabajo agrícola, nos damos cuenta de que el código rural no es más que una gigantesca suma de derogaciones del derecho positivo en materia de trabajo (8).»

Europa está en proceso de creación de una sub-clase de trabajadores temporeros, que se van reemplazando en una rotación permanente. En particular, los inmigrantes no tendrán derecho a vivir de un modo normal con su familia. La incorporación de los países de Europa Central a la Unión Europea amenaza con facilitar esta operación. La destrucción del pequeño campesinado polaco, por ejemplo, obligará a varios millones de personas a buscar otra fuente de ingresos. Asistiremos entonces a la competencia, por empleos poco calificados, de los inmigrantes tradicionales del sur y de los del este, para mayor beneficio de los empleadores. La presencia de una inmigración legal o ilegal «invisible» constituye una ventaja particularmente valiosa. «La invisibilidad, en Occidente, es la blancura de la piel y, de un modo accesorio, la pertenencia a una cultura lo más cristiana posible. Aquí o allá, vemos la aplicación de esta tendencia al “emblanquecimiento”. Por ejemplo, tras los disturbios racistas en El Ejido, surgió la contratación de sustitución parcial (9)».

Otro impactante ejemplo de reemplazo de inmigrantes tuvo lugar esta primavera en Huelva, región andaluza célebre por la producción de fresas. Entre marzo y junio se contratan anualmente 550.000 trabajadores temporeros. Tradicionalmente, esos obreros son jornaleros españoles, pero desde hace algunos años hay entre ellos cerca de 10.000 inmigrantes, casi todos magrebíes no declarados. En 2001, a consecuencia del fuerte movimiento de los indocumentados en España, 5.000 de ellos recibieron permisos acotados a la recolección de frutillas en la provincia de Huelva. Al inicio de la temporada, esperan su puesto, confiados, ya que por fin tienen papeles oficiales. Para su gran sorpresa, ven llegar a miles de jóvenes polacas y rumanas, en muchos casos peor pagadas de lo que lo habrían sido ellos, que comienzan a recolectar las frutas. El gobierno español decidió ofrecer contratos para el mismo trabajo a 6.500 polacos y 1.000 rumanos, en su gran mayoría mujeres (10)

Miles de magrebíes se encontraron así en la calle, privados de todo, sin empleo, sin vivienda y sin esperanzas. La situación se volvió muy tensa, y provocó una ola de racismo contra esos moros denunciados como sucios, barbudos y haraganes. Cuatro mil personas manifestaron en Huelva contra «la inseguridad civil» y por primera vez pudieron verse afiches del partido de extrema derecha, el Partido de la Democracia Nacional.

Finalmente, los magrebíes participaron en la cosecha de las frutillas. Buscando desesperados cualquier trabajo, se quedaron en la región. «Conformaron un ejército de reserva muy importante para trabajar los días feriados y en los picos de producción, cosa que no hacían las trabajadoras del Este. Esta situación benefició únicamente a los empresarios, que declararon encontrarse muy satisfechos con la cosecha, que fue una de las más rentables» (11).

Una palabra frágil, amenazada, que arrastra décadas de humillación, miedos e injusticias, se abre paso dificultosamente.

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* Coredactor de Goût amer de nos fruits et légumes, editado por el Forum Cívico Europeo, Limans, 2001

NOTAS:

(1) “La longue histoire du modèle californien”, Forum Cívico Europeo, en “Le Goût amer de nos fruits et légumes”, número fuera de serie de Informations et commentaires, Corenc, 2001 (forumcivique.europe@wanadoo.fr)
(2) Le travail au noir dans l’agriculture, estudio realizado en 1997 por ORSEU con el concurso de sindicalistas de Alemania, España, Francia, Italia, Holanda y el Reino Unido, con el apoyo de la Comisión Europea.
(3) “Grand comerce et logique libérale” in “Le goût amer de nos fruits et légumes”, op.cit.
(4) Véase Christian Jacquiau, “La extorsión en la gran distribución: el modelo francés”, Le Monde diplomatique, edición española, diciembre 2002.
(5) Véase Victor Angel Lluch, “Apartheid bajo el plástico en El Ejido”, Le Monde diplomatique, edición española, marzo 2000
(6) Le travail au noir dans l’agriculture, op. cit.
(7) “Le goût amer de nos fruits et légumes”, op.cit.
(8) Extracto de una entrevista en Radio Zinzine, 12-9-2002.
(9) Jean Pierre Alaux, del Grupo de Información y Apoyo a los Trabajadores Inmigrantes (GISTI) “Vers l’Europe blanche et chrétienne de Charlemagne?” in “Le goût amer de nos fruits et légumes”
(10) Según la agencia marroquí MAP, la casi totalidad de los emigrados marroquíes fueron apartados del contingente oficial de trabajadores temporeros empleados en España en 2002. Sólo 515 fueron admitidos en un contingente de 32.000. Desde principios de los años 90, más de la mitad de los puestos eran acordados tradicionalmente con los marroquíes. (Fuente: L’Agriculteur Provençal, Aix-en-Provence, 15-11-2002).
(11) Extracto de una entrevista con Decio Machado, responsable de Organización Democrática de Inmigrantes y trabajadores extranjeros (ODITE) en Huelva, el 19-5-2002, publicado en Archipel 96, Bâle, julio 2002.

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