En la cumbre de Copenhague de comienzos de diciembre de 2002, los Quince europeos invitaron a los pequeños países del Este a integrar la gran familia continental. Para los diez elegidos será un duro ejercicio en el plano económico y social: en pocos años deberán eliminar sus barrera aduaneras, adoptar las normas y las 80.000 páginas de reglamentos comunitarios, en síntesis, abrir totalmente sus puertas a los productos, a las empresas y a los bancos de Europa occidental.

Lo más difícil no será que los estonios abandonen la caza de osos, o que los letones dejen de pescar arenques de menos de 14 centímetros, sino cerrar miles de empresas estatales que no soportarán la competencia externa, y en las que aún trabaja una parte importante de la población de esos diez países. Sin olvidar sus campesinos, que deberán renunciar a muchas actividades tradicionales para especializarse en los muy escasos terrenos en los que poseen alguna ventaja natural o económica respecto de sus poderosos competidores del Oeste.

Los gobiernos deberán “mantener bajo control las finanzas públicas”, es decir, reducir los déficits a través de la generalización del IVA, la subida de impuestos y la reducción de los gastos presupuestarios destinados a la sanidad, a la vivienda o a la educación. Y necesitarán mucha habilidad y mucha suerte para evitar los riesgos de desestabilización. Seguramente, la ampliación de la Unión Europea (UE) hará “saltar” más de un gobierno...

Pero antes que los Diez, otros vecinos de la UE ya habían sido invitados a un ejercicio similar: los de la orilla sur del Mediterráneo. En 1995, en Barcelona, bajo el impulso del eje París-Roma-Madrid, la UE propuso a una docena de países el establecimiento conjunto de una zona de libre comercio. Algunos ya aceptaron (Túnez, Jordania, Marruecos, Argelia...) mientras que otros negocian con los equipos de Chris Patten, el “ministro de Relaciones Exteriores” de Bruselas. Al igual que ocurre con los Diez, deberán privatizar y reestructurar economías que en sólo una generación pasaron por las etapas de la descolonización, las nacionalizaciones y... la liberalización.

Bruselas ha reconocido la magnitud del esfuerzo exigido, y para hacerlo más soportable acompaña el proceso de ampliación y los acuerdos de libre comercio con ayudas financieras. Los Diez recibirán 40.400 millones de euros de subvenciones comunitarias a lo largo de tres años (2004-2006); los países del Sur y del Este del Mediterráneo recibieron, entre 1992 y 1998, 735 millones de euros como apoyo al ajuste estructural. Esas cifras disimulan una enorme diferencia, que resulta impresionante cuando se la compara con la cantidad de habitantes: medio euro de ayuda por habitante del Sur, 185 euros por habitante del Este.

No se trata de reprocharle a Bruselas el hacer demasiado esfuerzo a favor de los Diez, sino de interrogarse sobre las consecuencias de una política que resulta desfavorable para los más pobres en una proporción extravagante: el nivel de vida en el Este es entre tres y cuatro veces superior al del Sur. Es como si los Quince consideraran que el mercado deberá ser prácticamente el único elemento que tendrán los países del Sur para recuperar su atraso, y que no deben contar con la ayuda de subvenciones presupuestarias europeas consecuentes para aliviar ese esfuerzo. En el caso de los Diez, en cambio, se impone un mejor equilibrio entre el mercado y las subvenciones, las que por otra parte son consideradas insuficientes por los gobiernos de esos países.

Evidentemente, no se miden ambos casos con la misma vara, como lo muestra bien el tema de la agricultura. En las negociaciones para la ampliación, el debate se centró en el acceso de los Diez a la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y a sus precios garantizados, en general muy superiores a los del mercado internacional. En principio, los campesinos de esos países tendrán ese beneficio. En cambio, en el caso de los países del Sur firmantes de un acuerdo de libre comercio, la posibilidad de acordarles los amplios beneficios de la PAC quedaba excluida, a la vez que se limitaba al máximo la entrada de sus productos agrícolas más competitivos en el mercado europeo.

El aceite de oliva tunecino, por ejemplo, que constituye el principal producto agroalimentario del país, podrá entrar libre de derechos aduaneros hasta un máximo de 40.000 toneladas: la misma cantidad que estaba autorizada sólo para el mercado francés hace cerca de un siglo, cuando Túnez era un protectorado de ese país. El aceite tunecino que ingrese por encima de ese cupo -recientemente aumentado en un 35%- se pagará al precio internacional, que es muy inferior, y será luego revendido con etiqueta italiana a los consumidores europeos... a precio alto.

En el futuro, los Diez del Este y los países del Sur deberán competir dentro de la inmensa zona de libre comercio de la UE, pero no con armas iguales: los primeros habrán podido financiar su puesta al nivel adecuado por medio de subvenciones, mientras que los otros lo habrán hecho a través de préstamos que deberán reembolsar y que se harán sentir en sus costos de producción. Ello influirá naturalmente en las decisiones de los inversionistas que deseen deslocalizar sus fábricas situadas en el Oeste.

En Copenhague, los dirigentes de los Quince no abordaron el tema -como estaba previsto- en la tradicional cena del primer día. ¿Por falta de tiempo o por falta de ambición? El único gesto reciente en dirección al Sur fue la adopción, el 18 de octubre de 2002, de la Facilidad Euromediterránea de Inversiones y Partenariado (FEMIP). Esta consiste en una nueva línea de créditos de 600 millones de euros anuales (de 2003 a 2006), que es lo mínimo necesario para “financiar la modernización y el desarrollo de esas economías”. Se trata de un avance, pero muy modesto, teniendo en cuenta las necesidades de esos países.

Veinte años después, la cortina de hierro del Este podría ser reemplazada por el foso del Mediterráneo.

____________________

* Periodista.

Volver a sumario Marzo 2003