Adoptado el 25 de octubre de 2001 por una mayoría abrumadora (98 votos contra uno en el Senado, y 357 contra 66 en la Cámara de Representantes) el USA Patriotic Act ampliaba los poderes del Federal Bureau of Investigations (FBI) y otras agencias de mantenimiento del orden. Esta ley autorizaba al presidente a confiscar los bienes de toda persona involucrada en ataques contra Estados Unidos, y facilitaba las escuchas telefónicas y la vigilancia del territorio interno. El muro que a partir de los escándalos de los años 1970 compartimentaba las informaciones en el exterior y los poderes de policía en territorio estadounidense, se desmoronaba, y sin demora la administración confiaba al almirante John Poindexter - condenado por conspiración y mentira ante el Congreso como consecuencia de su participación en el escándalo de venta de armas a Irán para financiar a la “contra” nicaragüense - el proyecto orwelliano de una vigilancia “total” de la población, sus viajes, sus gastos, etc. Con el objetivo de detectar señales precursoras de actividades terroristas.

Después de 18 meses de reflexión y una guerra, los adictos a la seguridad vuelven a la carga. Armados de un proyecto, “Patriot Act II”, denominado Domestic Security Enhancement Act, ahora abordan los muros externos y las fundaciones. El proyecto habla por sí solo. Además de la detección del ADN de los extranjeros sospechosos de determinados delitos, o de los ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo, prevé los siguientes puntos:

- un ciudadano estadounidense puede ser expulsado de Estados Unidos si “con la intención de deshacerse de su nacionalidad se convierte en miembro de un grupo al que Estados Unidos califica como ‘organización terrorista’, o bien proporciona material a un grupo así”(sección 501); un juez podrá pues decidir que un estadounidense no merece ya serlo si su conducta “muestra esa intención”;

- la evaluación de los riesgos en caso de catástrofe industrial, que los movimientos ecologistas y las comunidades habían logrado imponer contra la voluntad de las industrias químicas, sigue siendo obligatoria, pero el acceso de los ciudadanos a “los peores escenarios” será estrictamente enmarcado (sección 292);

- - el abandono de los procedimientos judiciales que enmarcaban las actividades de vigilancia de los ciudadanos estadounidenses (sección 312).

De ser adoptado, este proyecto (cuyos opositores se reclutan tanto a la izquierda del partido Demócrata como a la derecha del Republicano) oficializaría las detenciones secretas en el marco de investigaciones antiterroristas, poniendo la lista de los nombres de las personas detenidas fuera del alcance del “Freedom of Information Act”, la ley que permite a cada ciudadano estadounidense consultar cualquer documento oficial (sección 201).

En lugar de los torrentes de tinta, las movilizaciones y debates de fondo previstos una vez que el Centro para la integridad pública (CPI) (2) difundiera el 7 de febrero este documento preparatorio, un silencio casi absoluto recibió la noticia en los medios. “La información apenas crispó la superficie de los medios estadounidenses”, comenta el grupo de análisis mediático FAIR (3), que registra, además de una entrevista de Charles Lewis, del CPI, por la cadena radial PBS, una mención televisada sobre Fox News y un tratamiento correcto en The Washington Post ; los grandes canales de tv brillaron por su silencio y los diarios nacionales por tratarlo en páginas interiores.

El pos 11 de septiembre sella la muerte de una prensa que en Washington defienda el acceso a la información pública y controle las tentaciones liberticidas de la administración, del Watergate al Irangate. Es verdad que en tanto últimos hechos de armas, los casos O.J.Simpson o Monica Lewinsky habían cavado la tumba del “cuarto poder”…

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NOTAS:

(1) Leer especialmente la tribuna del editorialista conservador William Safire, “You are a suspect”, New York Times, 14-11-2002.
(2) Center for Public Integrity, Washington, www.public-i.org
(3) www.fair.org

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