Uno de los principales progresos del feminismo habrá sido lograr que la prostitución haya perdido mucho de lo que hasta no hace mucho tiempo la hacía aparecer como algo natural. De ahora en adelante, desde el punto de vista de la “demanda”, recurrir a los servicios de prostitutas ya no es una actividad anodina, un componente ordinario y banal de la sexualidad masculina, sino una verdadera desviación. Hasta el punto de que un país como Suecia, en 1999, la hizo susceptible de acciones judiciales. Desde el punto de vista de la “oferta”, es decir, de las personas que ejercen la prostitución, la mirada también evolucionó: la condena moral que afectaba a las “mujeres de mala vida” desapareció en beneficio de una visión marcada en mayor medida por un sentimiento de conmiseración. Ya no culpables de incitar a la lujuria ni de propagar “enfermedades venéreas” en el seno de la población, las prostitutas son percibidas actualmente ante todo como víctimas (de dificultades socioeconómicas, de carencias psicológicas, o incluso de la violencia de proxenetas).

Esta evolución, positiva, no deja de ser frágil y parcial. Frágil, porque siempre es posible dar marcha atrás, como lo demuestra la reciente decisión del ministro francés del Interior Nicolas Sarkozy de resucitar el delito de captación pasiva de clientes, eliminado del Código Penal en 1993 (1). Resurge en la actualidad una lógica de represión, en contraposición al enfoque asistencial adoptado por Francia desde 1960; sus consecuencias nefastas para las prostitutas (incremento de la clandestinidad, la precariedad, la inseguridad, la exposición al HIV y la dependencia respecto de los proxenetas), son a partir de ahora indudables.

Parcial, porque la imagen de la prostitución descrita por la mayoría de las feministas y de los abolicionistas (2) suele olvidar uno de sus aspectos esenciales, su dimensión social. Este olvido no sólo conduce a una representación incompleta del mundo de la prostitución, sino sobre todo condena a tomar posiciones que no se condicen con las expectativas, las preocupaciones y las necesidades reales de las prostitutas.

Los vínculos entre prostitución y precariedad social no sólo se olvidan, sino que se niegan rotundamente. Así, de la pluma de una escritora abolicionista, puede leerse que “las prostitutas pertenecen a todos los estratos sociales” y que “la prostitución ya no es patrimonio exclusivo de las categorías económicamente desfavorecidas (3)”. Una afirmación que desmienten sin embargo todos los estudios, por poco que reparen en el origen y trayectoria sociales de las prostitutas. Por ejemplo, el estudio realizado por François-Rodolphe Ingold, según un muestreo de 241 mujeres y hombres parisinos que se prostituyen, señala claramente una excesiva presencia (41%) de personas provenientes “de sectores sociales modestos o muy modestos, a veces marginales (4)”.

Por su parte, la investigación realizada en Noruega por Cecilie Høigård y Liv Finstad concluye que “son las mujeres de la clase obrera y del lumpen-proletariado quienes son reclutadas para ejercer la prostitución (5)”. El nivel escolar de las prostitutas es además muy limitado, tal como lo señala François Rodolph Ingold: “Si poseen formación (52% de los casos), ésta es a menudo elemental (oficios, CAP (6)), y raramente se traduce en un diploma (7)”.

Asimismo, las condiciones de vida de las prostitutas son muy precarias. Un estudio realizado en 1995 sobre 355 mujeres y hombres que ejercen la prostitución en diferentes ciudades de Francia señala que el 61% carece de cobertura social; sólo la mitad posee una vivienda estable, mientras que el 41% vive en hoteles (2% sin hogar) (8). El estudio indica además la frecuencia de las agresiones: un tercio de las personas interrogadas señalan haber sido agredidas, al menos una vez, entre los meses de enero y mayo de 1995.

Estos datos invitan a considerar la prostitución no sólo como una de las expresiones más brutales de la dominación masculina, sino también como una de las manifestaciones más extremas de las relaciones económicas y sociales. Es frente a un mercado laboral cerrado a los sectores de la población (especialmente femeninos) más desprovistos económica y culturalmente que la prostitución adquiere su sentido.

Vender su cuerpo, o más precisamente alquilarlo para uso sexual, constituye uno de los últimos recursos posibles cuando los medios legítimos de adquisición económica (principalmente a través del trabajo o de prestaciones de ayuda social) resultan inaccesibles. La prostitución depende de la economía informal, al igual que actividades tales como el robo, la venta de drogas, la mendicidad o inclusive, en países como Estados Unidos donde es retribuida, la venta de sangre. En este sentido, y contrariamente a lo que sostienen ciertas organizaciones de prostitutas, o ciertas feministas que promueven la “libertad de prostituirse”, el ejercicio de la sexualidad venal nunca es un acto voluntario y deliberado. Producto de la ausencia de medios alternativos de vida, resulta siempre de una coacción o, en el mejor de los casos, de una adaptación resignada a una situación marcada por el desamparo, la carencia o la violencia.

Esta coacción se hace sentir más directamente en el seno de los estratos más precarios y más dominados: jóvenes vagabundos que no acceden al RMI (9) porque no tienen 25 años, toxicómanos que urgidos por la abstinencia deben reunir las sumas necesarias para comprar la droga de la cual dependen, madres de familia aisladas o extranjeras en situación irregular para quienes las prestaciones de ayuda social son insuficientes o inaccesibles... Unos y otros no ven a menudo otra alternativa para sobrevivir (y, eventualmente, para hacer que sus hijos sobrevivan) que aceptar las propuestas de hombres que pagan por una relación sexual.

Pero la coacción, se sabe, no es solamente económica; puede también ser la que ejercen los proxenetas, mezclando en grados diversos extorsión afectiva y violencia física. La reciente aparición de redes extranjeras de proxenetismo mafioso con métodos particularmente violentos no debe sin embargo llevar a oponer ambas lógicas. No sólo el proxenetismo, como el conjunto de actividades que derivan de la delincuencia, brinda la ocasión de un rápido enriquecimiento para los hombres de las clases populares que carecen de futuro en la economía legal; la prostitución cumple un papel similar para las mujeres que están sometidas a ellos. Engañadas con falsas promesas de empleo o concientes de que abandonaban su país para prostituirse (subestimando la violencia y la explotación a la cual serían sometidas) en todo caso esas mujeres buscan un futuro mejor en un país diferente al de origen, con una economía a menudo devastada y un sistema de protección social ruinoso.

Sin embargo, no todas las personas que se prostituyen están sometidas a coacciones tan directas y brutales. La frustración social constituye otra importante lógica de ingreso y, sobre todo, de permanencia en el “mercado del sexo”. En efecto, la prostitución representa una de las escasas vías de acceso a un nivel de vida al que un origen social modesto y un escaso nivel de formación profesional impiden llegar. Habiendo decidido y aceptado asumir la indignidad y el estigma, siempre dolorosamente, hay prostitutas que ni piensan en abandonar la calle, porque saben positivamente que el mundo del trabajo está cerrado para ellas, y que incluso el acceso a un empleo “normal” no les permitiría mantener el mismo nivel de ingresos.

Entre estas prostitutas en situación relativamente favorable es donde se escuchan con mayor fuerza las reivindicaciones de su actividad como un “trabajo de pleno derecho”, un reconocimiento que, según ellas, pasa prioritariamente por el acceso a la seguridad social y a la jubilación de las que, como tales, están excluidas. Estas exigencias parecen responder a menudo a una lógica de rechazo a las prostitutas en condiciones más precarias, acusadas por quienes se consideran “verdaderas profesionales” de rebajar las tarifas, de aceptar las relaciones sexuales sin preservativo solicitadas por numerosos clientes, y de generar por consiguiente una competencia desleal. Y no dejan de reflejar la extrema precariedad del conjunto de las prostitutas. Su actividad les permite sobrevivir día a día, o integrarse al menos económicamente a la vida social (en el mejor de los casos), pero todas se encuentran sin protección ante los avatares de la vida (enfermedades, agresiones, accidentes...) a los cuales están particularmente expuestas.

En este sentido, la prostitución remite plenamente a esa lógica de desafiliación social, tan bien descrita por Robert Castel (10): situada al margen del mundo del trabajo y de sus protecciones, representa una tensa zona de vulnerabilidad entre integración y exclusión, en cuyo seno los individuos se someten a actividades degradantes, arriesgadas y a menudo clandestinas para no hundirse completamente en la inexistencia social.

En estas condiciones, resulta inoportuna la opción de acantonar la prostitución en lugares (prostíbulos) o zonas urbanas específicas. A veces reclamada por asociaciones vecinales víctimas de las “molestias” ocasionadas por las prostitutas, esta opción deriva de hecho de la pura lógica NIMBY (Not in my back yard – “No en mi puerta”). Al igual que la represión de la captación de clientes, tiene como único objetivo expulsar la prostitución del espacio público para relegarla a lugares clandestinos o zonas aisladas, donde las prostitutas serán aún más vulnerables.

Al no integrar esta dimensión social y exigir una verdadera política social a favor de las prostitutas (11), los partidarios de la desaparición de la prostitución no pueden comprender las lógicas que conducen a la calle a cientos de mujeres y hombres. Prueba de ello es su doble visión de las prostitutas: dependientes de proxenetas cuyos intereses no harían más que conservar y defender, o inadaptadas, necesariamente víctimas de traumas psicológicos. Esto descalifica a priori cualquier pretensión de las prostitutas de expresarse públicamente y manifestar sus reivindicaciones. En consecuencia, algunas feministas y abolicionistas se condenan a tomar posiciones inaceptables para las prostitutas, que ven en ellas adversarios con motivaciones puritanas, y se privan del apoyo que representaría su respaldo a la lucha, tan legítima como necesaria, contra la política de criminalización de la pobreza asumida por el Ministro del Interior.

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* Socióloga, Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS).

NOTAS:

(1) El hecho “de proceder públicamente a la provocación de otra persona por cualquier medio, inclusive la vestimenta o la actitud, con el fin de incitarla a mantener relaciones sexuales a cambio de una remuneración o de una promesa de remuneración”, será penado con una multa de 3750 euros y prisión de seis meses.
(2) Así se denomina a las organizaciones a favor de la abolición de la prostitución. En Francia, las principales son: Mouvement du Nid, Fondation Scelles y Mouvement pour l’abolition de la prostitution et de la pornographie.
(3) Claudine Legardinier, La Prostitution, Toulouse, Milan, 1996, pág. 16.
(4) François-Rodolphe Ingold, Le Travail sexuel, la consommation des drogues et le HIV, París, IREP, 1993, pág. 54.
(5) Cecilie Høigård, Liv Finstad, Backstreets. Prostitution, Money and Love, Cambridge, Polity Press, 1992, pág. 15.
(6) N. del T.: CAP (Certificado de Aptitud Profesional).
(7) Op. cit., pág. 54.
(8) Anne Serre y otros, «Conditions de vie des personnes prostituées: conséquences sur la prévention de l’infection à VIH», Revue d’épidémiologie et de santé publique, 1996, vol. 44, Nº … (?).
(9) N. del T.: Revenu Minimum d’Insertion. Ayuda para la inserción social de personas sin ingresos.
(10) Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale, París, Fayard, 1995.
(11) Véanse los bosquejos de una política de estas características en Lilian Mathieu, “La prostitution, zone de vulnérabilité sociale”, Nouvelles questions féministes, París, vol. 21, Nº2, 2002.

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