El gobierno ruso tiene todo lo que necesita para alcanzar el éxito. En las últimas encuestas, Vladimir Putin logra un 83% de opiniones favorables (1). Sin embargo, exceptuando a los nuevos ricos, las dificultades para vivir dignamente son patentes. ¿El letargo de esa sociedad no acabará nunca? Claro que “en las cocinas” -como se decía en épocas de la URSS- arde la rabia. ¿Pero, cómo expresar el dolor de haberlo perdido todo? Costumbre, cansancio, apatía... El rechazo de lo político tiene sus orígenes en el pasado soviético, pero se vio reforzado por las desilusiones consecutivas a la “terapia de shock”. Las crisis y las guerras se sucedieron como telón de fondo de una postración social en la que toma cuerpo el “fenómeno Putin”.

El presidente supo tocar admirablemente la fibra patriótica, herida por la dislocación de la “patria” soviética. Hoy exhibe orgulloso los indicios de que el país vuelve a pesar en la escena mundial (participación en la lucha contra el “terrorismo internacional”, reembolso anticipado de la deuda, reuniones cumbres, defensa de los intereses de las grandes empresas rusas...) pero no dice nada de las condiciones exigidas: reformas ultra-liberales, reducción de los gastos sociales, aceptación de una mayor influencia estadounidense en torno a Rusia...

La personalidad de Putin influye en la opinión política, y la relativiza. “¡Putin tiene carisma y una personalidad fuerte. Es un verdadero hombre!”, declara una militante sindical, por lo demás muy crítica. Y ella encarna una reacción típica de los rusos: denuncian furiosos la política en vigor, pero absuelven al hombre que tiene el poder: “Lo que ocurre es que está mal informado, o mal aconsejado”, dicen.
En una sociedad traumatizada, dislocada, cansada, pauperizada y precarizada, Putin supo aprovechar un reclamo popular: el restablecimiento de un Estado que defienda el interés general, la seguridad social y el “imperio de la ley” y que se imponga a la economía criminal o informal. Primer acto: el control de los oligarcas, esos hombres de negocios que fueron tan influyentes en la era Yeltsin. Dos de ellos, Boris Berezovski y Vladimir Gussinski, fueron marginados y se refugiaron respectivamente en Gran Bretaña y en España. Mijail Jivilo (metalurgia y aluminio) se exilió en Francia. Otro magnate del aluminio, Alexandre Bykov, está en la cárcel desde fines de octubre de 1999. Los rusos están agradecidos a su presidente por haber contenido los apetitos políticos de los oligarcas, brindando así una mayor autonomía al gobierno respecto de quienes viven de los negocios. Sin embargo, al privatizarse la compañía petrolera Slavneft, a mediados de diciembre de 2002, las acciones fueron cedidas por una suma que apenas superaba el precio de venta inicial...

Si Putin puso en su sitio al mundo de los negocios, fue sobre todo para ubicar a sus fieles. El “equipo de San Petersburgo” (ciudad natal del presidente) y los “representantes de los servicios especiales” (a los que perteneció Putin), tomaron el control de los mecanismos económicos a través de la superempresa de gas Gazprom, y de las compañías nacionales de ferrocarriles y de electricidad. Pero también gracias a la rama de las telecomunicaciones: “Los hombres de San Petersburgo reemplazaron a todos los antiguos dirigentes por personas ajenas a las empresas y completamente incapaces”, confirma un ex ejecutivo de ese sector. El gobierno también exige fidelidad a los dirigentes de los grandes grupos privados: los oligarcas rebeldes fueron separados, no a causa de su responsabilidad en el saqueo de la economía, sino del tono demasiado crítico con que sus canales de televisión se referían al presidente. Actualmente, los hombres de negocios no desperdician ninguna ocasión para afirmar su apoyo a la política presidencial.

El Consejo Empresarial, creado en agosto de 2000 en el seno del gobierno federal, incluye a los dirigentes de los principales grupos económicos. Además, los jefes de las mayores empresas fueron promovidos a la dirección de la nueva central patronal rusa: la Unión de industriales y empresarios de Rusia. Las relaciones entre los hombres de negocios y los altos responsables del Kremlin están más institucionalizadas, pero conservan un aspecto clientelista. El presidente dirige todo: “La época de los oligarcas se acaba y comienza el periodo de los ‘recursos administrativos’ “ (2).

Para el economista Anton Oleynik, la fusión entre poder político y económico nunca antes había sido tan fuerte, y “se la puede ver hasta en los niveles más bajos del sistema, tanto regional como municipal”. Los gobernadores perdieron la inmunidad parlamentaria de que gozaban anteriormente en tanto que miembros de derecho del Soviet de la Federación, y varios debieron renunciar, presionados por el Kremlin. Resultado, se fortaleció el poder del presidente y no la función de cohesión social del Estado. Otro signo: los jefes de las siete nuevas regiones administrativas se denominan ahora “representantes del presidente”. Ala vez, la transferencia de recursos de las regiones hacia el poder central (3) empobrece a las mismas, que además deben hacerse cargo de gastos crecientes.

Las expectativas populares son incluso utilizadas para justificar la nueva ola de reformas ultraliberales. Esas medidas son “necesarias” -machacan los medios de comunicación- para salir del “caos” de la era Yeltsin: “¡Ya no hay nada que funcione. Pero nada de nada!”. Evidentemente, la falta de soluciones alternativas creíbles se hace sentir: “¡Ni hablar de volver al sistema soviético!” De todas maneras, la mayoría de la población se acostumbró desde hace mucho a vivir al margen de la ley, tratando de “arreglárselas” como sea.

En febrero de 2002 entró en vigor el nuevo Código de Trabajo exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que refuerza los derechos de los patrones en detrimento de los trabajadores y de los sindicatos: relaciones laborales particulares estipuladas por contrato; fomento de contratos de duración limitada; simplificación de los procedimientos de despido; aumento del tiempo legal de trabajo; cuestionamiento de los derechos de las mujeres; severas restricciones a los derechos de los sindicatos, en particular de los sindicatos minoritarios, que son los más activos. Sin embargo, a excepción de los sindicatos alternativos, la población se muestra pasiva. Igor, obrero de una fábrica de rodamientos de la región de Volgogrado señala: “Todas esas leyes valen únicamente en el papel. En la práctica, es siempre la dirección de la empresa la que tiene la última palabra...”.

Otro regalo hecho a los empresarios: la instauración de un impuesto uniforme sobre los ingresos, fijado en un 13% desde 2001, es decir, un punto más que el porcentaje mínimo de impuesto aplicado hasta entonces. ¡A la vez, el impuesto a las ganancias de las empresas fue reducido en 2002 de 35% a 24%! Ya en la primavera de 2000, los aportes sociales de las empresas habían disminuido del 38,5% al 35% de los ingresos salariales. Los rusos lo aceptaron sin chistar, a la espera de una reactivación de la economía.

El presidente, consciente de esas expectativas, hizo del tema del crecimiento una prioridad. A mediados de diciembre de 2002, respondiendo en directo a los ciudadanos, les prometió un aumento del poder adquisitivo. De 1999 a 2001 hubo una mejora del crecimiento, que fue de entre el 6% y el 8% anual, efecto paradójico de la crisis del verano de 1998: la devaluación del rublo y el restablecimiento de ciertos controles de cambio favorecieron la producción nacional, al igual que el alza mundial del precio del petróleo. Pero el crecimiento cayó a 4% en 2002, al punto que el producto bruto interno (PIB) fue 30% inferior al de 1990. Y el fenómeno se ve acentuado, pues el poder central no fomenta las inversiones en la economía nacional, a la vez que la revaluación del rublo aumenta la dependencia de las importaciones.

Los ingresos reales, en fuerte baja durante 1998-1999, aumentaron luego gracias al crecimiento. Pero los ingresos del capital aumentaron mucho más rápido que los salarios reales, que seguían siendo inferiores a su nivel de antes del verano de 1998. Esto generó un aumento de las desigualdades sociales: oficialmente, el 20% de los rusos más pobres disponen del 6% de los ingresos nacionales, y sus ingresos son quince veces más bajos que los del 20% más rico. Un 27% de la población vive por debajo del nivel de pobreza (oficiosamente, el 40%). El gobierno se había comprometido a subir el salario mínimo para que no fuera inferior al nivel de pobreza, pero aún hoy en día equivale al 22% del mismo. Putin se jacta de haber puesto fin al atraso en el pago de los sueldos, pero la deuda salarial está creciendo nuevamente. Además, la actual reforma del sistema remunerativo de los empleados estatales prevé que en adelante sus salarios no sean abonados por el gobierno central sino por las regiones, las que ya están en ruptura de pagos.

Para afirmar que hay una mejoría en la situación material de los rusos hace falta mucha imaginación, vivir en Moscú y trabajar en las altas esferas de los principales grupos económicos. El Estado social quedó enterrado bajo los escombros de la URSS. El pago de la deuda externa y la bajada de impuestos se hacen en detrimento de los salarios de los trabajadores estatales y de los gastos sociales. Estos últimos, que no aumentan desde el 2000, representan el 2,7% del PIB (lo mismo que el servicio de la deuda externa). El sistema de seguridad social se desmorona vertiginosamente. Una jubilación promedio representa apenas el 20% del mínimo vital, lo que en el verano de 2001 permitió “legitimar” la introducción del sistema de jubilaciones por capitalización. Los gastos del Estado en el capítulo de sanidad representan nada más que el 0,2% del PIB, mientras que los hospitales no tienen dinero para comprar los medicamentos necesarios. Como el fondo para el empleo fue suprimido, el presupuesto paga directamente las irrisorias sumas del seguro de desempleo. Por su parte, las empresas estatales que aún escapan a las privatizaciones, funcionan con la lógica del beneficio personal de sus dirigentes.

La concentración de riqueza iniciada en la era Yeltsin continúa, pero de manera poco clara. La Unión de industriales y empresarios de Rusia controla al parecer el 75% de las riquezas del país y el 80% del PIB (5). Según el instituto Brunswick UBS Warburg, las ocho empresas privatizadas más importantes cuentan con ingresos equivalentes a la mitad del presupuesto oficial, aproximadamente el mismo porcentaje que las principales empresas estatales (6). En el sector industrial, dos tercios de la producción nacional proviene de las ocho principales compañías (7).

Prueba de ello es el grupo Gazprom, que encabeza la lista de las 200 empresas más importantes del país (8). Poseedor del monopolio de la producción de gas, extendió sus actividades a la química y al petróleo (por medio de la empresa Sibur), a la actividad metalúrgica (Gazmetalla), a la banca (Gazprombank) y a los medios de comunicación (fundamentalmente con el canal de televisión NTV). Además, mantiene estrechas relaciones con la compañía petrolera Rosneft y con la sociedad financiera Mezhprombank (9). A pesar de su carácter parcialmente estatal, el grupo obedece a una lógica de renta privada a corto plazo: aporta poco dinero al Estado y casi no invierte. Sus instalaciones se vuelven obsoletas, la población sufre el aumento del precio del gas, y el Estado es engañado por medio de un sistema de exportaciones que permite disimular importantes sumas (10).

La formación de esos mega-grupos corresponde a una nueva etapa del reparto de la propiedad: el gran capital refuerza su control de la industria por medio de accionariados cruzados, difíciles de identificar pues se esconden tras sociedades- pantalla. Accionistas externos adquieren las empresas, ya sea gracias a recursos administrativos o haciendo quebrar sociedades cuyas deudas luego compran. Las principales compañías petroleras rusas (Lukoil, Iukos, Sibneft y TNK) se pusieron de acuerdo para adquirir la empresa estatal Slavneft y a fines de noviembre de 2002 firmaron un acuerdo que preveía la construcción en común de un oleoducto entre Siberia occidental y el puerto de Murmansk.

Lo que en países como Francia se conoce como “servicio público” no escapa a la nueva ola de privatizaciones. No sólo las telecomunicaciones fueron ampliamente privatizadas, sino que la principal empresa telefónica, Sviazinvest, propiedad del Estado en un 75%, debió conceder una mayor autonomía a sus sociedades regionales, preparando así su cesión al sector privado. Asimismo, la Duma aprobó en el otoño de 2002 la reestructuración del sector energético, transformando las compañías locales en firmas autónomas abiertas a la privatización, por lo que solo quedarán en poder del Estado la red de cables. Lejos del modelo competitivo que se había anunciado, la reforma puede traducirse en una suba de tarifas concertada.

La compañía Sistemas energéticos unificados (RAO EES en ruso), dirigida enérgicamente por Anatoli Chubais, controla la mayoría accionaria de casi todas las empresas regionales de electricidad. Ese holding, más de la mitad de cuyas acciones está en poder del Estado, posee filiales que muchas veces pertenecen en un 49% a firmas registradas en paraísos fiscales. Los cortes de energía son un método habitual para obligar a los morosos a ponerse al día, lo que suele paralizar los transportes públicos y dejar a oscuras y sin calefacción a barrios enteros.

La misma lógica de rentabilidad orienta la reforma del transporte ferroviario: su gestión será entregada a varias empresas privadas que deberían competir entre ellas, mientras que el Estado sólo conservará un papel de control y la propiedad de las principales infraestructuras. La privatización ya derivó en la tercerización de ciertas operaciones, concedidas a empresas pertenecientes a altos funcionarios. Además, generará un aumento del precio de las tarifas (que ya habían aumentado más del 50% desde enero de 2001) y un empeoramiento del servicio a causa de la reducción de la mano de obra y de los gastos de equipamiento: el 35% del personal será despedido.

La última etapa del plan es la reforma del sistema de gestión de la vivienda, actualmente en discusión en la Duma. Un holding estatal regula las empresas locales encargadas del mantenimiento de las viviendas comunales y del suministro de agua, electricidad, gas y calefacción. Sin duda, existe un gran descontento respecto de esas empresas poco transparentes e ineficaces. Pero el “cambio” previsto consiste en imponer el pago del 100% de los gastos -muy altos- a los habitantes, anulando las rebajas de que gozaban los más pobres. En la primavera de 2000, en Voronej, las tarifas comunales se multiplicaron por cuatro, lo que hizo que 20.000 personas salieran a las calles, concretando así una manifestación enorme para la “tranquila” Rusia...

Es que palabras tales como “Estado”, “ley”, “orden” -tan repetidas por el presidente Putin- corresponden a una modificación del clima socio-psicológico. La toma de rehenes de octubre de 2002 mostró cómo el poder sabe explotar esa retórica. Después de que las fuerzas especiales rusas tomaran por asalto el teatro, el jefe del Kremlin dijo que la “operación había sido un éxito” y reiteró su decisión de no tolerar ningún ataque a la autoridad del Estado. Y sin más se dio vuelta a la página y se pasó al olvido la muerte de al menos 130 personas inocentes, exterminadas por el gas secreto utilizado durante la operación, al igual que el asesinato de los miembros del comando checheno. Cuando está en juego el poder supremo, la vida de los seres humanos no vale gran cosa. De un lado se percibe la perplejidad y el malestar de la gente ante la crueldad de los hechos, y de otro la imposibilidad de cuestionar el poder presidencial: “Putin no podía obrar de otra manera. De ninguna manera podía aceptar negociar con los terroristas”, dirán los moscovitas.

Pero la reticencia de la gente a expresar abiertamente su descontento se explica también por el aumento de un sentimiento algo olvidado en la época de Yeltsin: el miedo. Pues, si bien muchas instituciones del Estado se dislocan, el aparato represivo se refuerza. Para prever cualquier sobresalto social, la administración Putin hizo votar una serie de leyes que tornan más difícil -y hasta ilegal- la emergencia de una oposición. La nueva ley de partidos políticos somete a esas organizaciones a condiciones legales muy estrictas, al menos para los que no cuentan con la protección necesaria. En la misma línea, con el pretexto de combatir a los skinheads, la Duma adoptó en julio de 2002 una ley contra el “extremismo” que refuerza aún más el amplio aparato represivo ya existente. Por su parte, la ley sobre los extranjeros (de junio de 2002) transforma la estadía legal en Rusia en una verdadera pesadilla, y pone al margen de la ley a muchos trabajadores extranjeros.

Pero los principales terrenos donde el presidente Putin puede afirmarse como un líder de férrea voluntad, son la sangrienta guerra contra la población chechena y la retórica “antiterrorista”: oponiéndose a toda veleidad independentista, y también a toda forma de oposición. La devastada Chechenia se convierte al mismo tiempo en una región ideal para las actividades económicas fraudulentas. Los servicios de información rusos (FSB) tienen actualmente a su cargo la dirección de las operaciones “antiterroristas”, afirmando en ese terreno su supremacía respecto del ejército y de la policía. En nombre de la “seguridad del Estado” los soldados efectúan razzias contra miles de civiles chechenos, a los que encierran en campos de “filtrado”. Incluso en Moscú la policía extorsiona y hasta detiene a los extranjeros (preferentemente a los que no son de tez blanca) o a los rusos que se pasean sin “registro” (autorización para residir en la ciudad).

Esa represión afecta también a la oposición social o política. Son innumerables las intervenciones violentas de las fuerzas del orden para “dispersar” alguna reunión, mientras que las detenciones de rutina son algo casi habitual en la vida de los militantes. En cambio, el aparato estatal casi no molesta a las organizaciones de extrema derecha y a los terroristas “wahabitas” chechenos, salvo excepciones. Algunas malas lenguas llegan incluso a insinuar que estos últimos estarían siendo secretamente apoyados... (11).

Por su parte, la justicia, que debería ser garante de la aplicación de las leyes, sigue minada por la corrupción y no es independiente, sobre todo en las regiones. La reforma de la primavera de 2001, con la excusa de aumentar la competencia de los jueces, redujo su independencia respecto de los órganos políticos. Los escasos fallos a favor de un particular en juicio contra alguna “autoridad”, nunca se aplican. En lo que hace al estado de derecho, el propio tribunal constitucional evidenció en numerosas ocasiones su fidelidad al poder político, fundamentalmente con su célebre resolución según la cual la guerra en Chechenia no sería contraria al “derecho del individuo a la vida”.

Por otra parte, todos los contrapoderes potenciales caen unos tras otros bajo el poder del Kremlin. El poder legislativo está totalmente subordinado al presidente. El Consejo de la Federación sólo incluye representantes designados por los gobiernos regionales, lo que le resta legitimidad e independencia. La Duma se convirtió en una simple oficina donde registra los actos. La mayoría presidencial (“Rusia unida”) alcanza para adoptar las leyes corrientes. En caso de reforma constitucional, la administración presidencial saca a relucir todas sus armas. Los métodos que utilizó en octubre de 2002 para lograr que se prohibieran los referéndum acerca de las elecciones presidenciales, disgustaron incluso a los diputados: la Duma se había convertido en un gran circo, los emisarios del presidente mantenían bajo presión a los diputados rebeldes por medio de amenazas, sobornos y chantajes.

La oposición parlamentaria se reduce al Partido Comunista de Guennadi Ziuganov, al que el Kremlin le deja cumplir el rol de adversario de opereta, pero quitándole cualquier posibilidad de acción realmente crítica. En abril de 2002 Ziuganov hizo eliminar a los comunistas de la presidencia de diversas comisiones parlamentarias, para acelerar así el análisis de los proyectos de ley liberales, a la vez que ponía al PC en el papel de víctima. Y en octubre hizo prohibir la campaña comunista a favor del referéndum, por temor a que la misma afectara su popularidad, al tiempo que se forjaba una oposición de conveniencia para las futuras elecciones.

Los medios, que en su mayoría habían quedado en poder de los grandes grupos privados a finales de la era Yeltsin, ahora están bajo control del Kremlin. En particular la televisión, principal fuente de información de las clases populares rusas. El entramado multimedia estatal creció enormemente, y actualmente cuenta con el canal oficial RTR, el canal cultural Kultura, la agencia de informaciones Novosti, varias estaciones de radio, los diarios oficiales y 92 compañías regionales de televisión. Luego de la separación de Brerzovski, el Estado volvió a tomar el control del canal de televisión ORT, mientras que un pool de banqueros cercano a la administración presidencial adquirió TVS (ex TV6). Otros canales en poder de grupos privados o estatales están de hecho situados en la esfera de influencia del Kremlin: Gazprom posee NTV, mientras que el gigante de la electricidad RAO EES es dueño de Ren-TV. Por su parte, el canal TVTs, controlado por el alcalde de Moscú, Yuri Lujkov, puso fin a sus críticas, al mismo tiempo que su mentor.

El ministro a cargo de los medios de comunicación, Mijail Lesin, maneja todo ese sector con mano de hierro, y en su propio beneficio, pues sigue dirigiendo Video International, el proveedor exclusivo de publicidad para la televisión estatal. En contrapartida de lo que gana, vela por el respeto de la reputación y de las opiniones del presidente. Los combatientes por la independencia chechena, los opositores, y sobre todo los militantes del naciente movimiento altermundialista, no tienen derecho a la palabra: la prensa los trata de “terroristas”, cuando no de “espías” (12).

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* Periodista, Moscú

NOTAS:

(1) Encuesta de VTsIOM, de fines de noviembre de 2002.
(2) Vedomosti, Moscú, 29-121-2000.
(3) La parte de los impuestos que reciben las regiones pasó del 50 % al 33 %.
(4) El nivel de inversiones equivale al 10% del registrado en 1990.
(5) Estimación de Literatournaïa Gazeta, Moscú, mayo de 2002.
(6) Moskovskie Novosti, Moscú, 9-8-2002.
(7) Alexandre Dynkin, “¿Tiene Rusia alguna oportunidad en la economía mundial? ”, in Pro i Contra, primavera de 2002, pp. 42-67.
(8) Ver Expert, Moscú, 7-10-2002.
(9) Según datos de Politkom, Moscú, 15-5-2002.
(10) Ver Vesti, Moscú, 25-11-2001.
(11) Sobre las vinculaciones entre el FSB y los extremistas de derecha, ver: Oleg Roldougin, “¿A quién teme el FSB ? ”, in Sobesednik, Moscú, 4-6 2002 ; y la entrevista del sociólogo Alexandre Tarasov en el sitio kom.ru, 10-7-2002 donde estima que los skinheads responsables de un pogrom a fines de octubre de 2001, habrían sido secundados por el FSB que buscaba un enfrentamiento con los “antiglobalización”. Sobre las sospechas de vinculación del FSB en los atentados de septiembre de 1999 que llevaron a la segunda guerra de Chechenia, ver Novaia Gazeta, Moscú, 13-3-2000; Obchtchaia Gazeta, Moscú, 9, 2000 ; Alexandre Litvinenko (ex miembro del FSB) y Yuri Felshtinsky, Le FSB fait sauter la Russie, en Internet, 2001
(12) Ver, entre otros, Versia et Novaïa Gazeta, Moscú, 25-11-2002.

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