Al suprimir diez mil puestos de educadores en los colegios y liceos, y simultáneamente contratar diez mil guardiacárceles, la derecha le puso la firma a su retorno al gobierno en Francia. Un corte de manga a la celebrada memoria de Victor Hugo, quien afirmaba que abrir una escuela era cerrar una cárcel. Mientras que el ministro del Interior, Zorro combatiendo el crimen, ocupaba una escena mediática ingenuamente satisfecha, reiterando sus sorpresivas apariciones teleguiadas, el gobierno, la mayoría parlamentaria que lo sostiene y las patronales, trabajaban duro en la tarea de demolición social. Una revancha con la etiqueta de “refundación”. Desde hace varios meses, el equipo de destructores interinos que esperaba impacientemente su hora, se está desquitando.

Y en primer lugar, mostrando su coraje, la emprende contra los pobres, fundamentalmente los “indocumentados” y sus hijos, que en adelante deberán pagar la asistencia médica; una “reforma” que nos retrotrae más de cien años según Médicos sin fronteras (1); destinada a “responsabilizar” a las víctimas. El argumento, cargado de condescendencia y de desprecio, ya había sido utilizado en el siglo XVII para justificar el encierro en los hospitales generales de la multitud de miserables que llenaban las ciudades. Por su parte, los médicos y los cirujanos consiguieron en enero que la colectividad se haga cargo de pagar dos tercios de sus pólizas de seguro. El 80% de quienes cobran el salario mínimo verán su monto congelado hasta el 2005, tiempo necesario para que el 20% restante recupere un nivel que culmina en los 1.147,52 euros brutos. Los ministros no esperaron a esa fecha para adjudicarse confortables aumentos, ni el presidente de la República para engrosar su dotación de gastos, ni los patrones más importantes para votarse jugosos incrementos.

Otras víctimas son los parados, que deberán cotizar más para cobrar menos y durante menos tiempo. Y ello, teniendo en cuenta que más de la mitad de las personas sin trabajo no recibe ninguna suma, y que la mitad de los que cobran algo perciben menos de 770 euros por mes (2). Los jóvenes están condenados a los llamados “empleos-jóvenes”, que además de ser precarios y mal pagos, van a desaparecer.

Luego le llega el turno a las reformas realizadas por la izquierda plural: la ley sobre la reducción del tiempo de trabajo (ley Aubry), la ley de modernización social sobre los despidos, y la ley sobre el control de los fondos públicos asignados a las empresas (ley Hue). Todas ellas, consideradas detestables trabas a la “liberación de las fuerzas vivas”, o sea, a la arbitrariedad patronal. La obtención de las “35 horas” de trabajo semanal había implicado sin embargo importantes concesiones. Algunas pagadas por la sociedad, como la reducción de las cotizaciones patronales, y otras por los empleados beneficiados con la medida, como el congelamiento de sus salarios; la flexibilización de los horarios laborales a criterio del empleador, convertido en único organizador del tiempo del personal; la limitación de horas extra, que significó una baja de ingresos para los salarios más bajos; y la intensificación del ritmo laboral. Las patronales ganan con la flexibilidad, con las reducciones de cotizaciones patronales, que son ampliadas a todas las empresas, y también con la limitación a un 10% de los aumentos por horas extra.

En cuanto a la ley de modernización social, fue suspendida a la espera de un nuevo texto. Por último, la ley Hue fue directamente abrogada gracias a una enmienda, la víspera de las fiestas de fin de año. Esa norma, que organizaba el control por medio de comisiones de los fondos públicos asignados a las empresas -unos 45.000 millones de euros anuales- resultaba insoportable para algunos: “Ustedes quieren imponer los soviets” exclamó -sin duda furioso- un senador de derecha, informante parlamentario del presupuesto, a su colega comunista que defendía la ley.

A la vez que daba curso a las medidas más reaccionarias bajo la forma de enmiendas parlamentarias para no aparecer tomando la iniciativa, el gobierno debió mitigar el ardor de los más revanchistas, como ese grupo de senadores que atacó la ley “relativa a la solidaridad y a la renovación urbana”. La misma -bajo pena de sanciones financierasobligaba a las comunas ricas poco dispuestas a acoger habitantes de origen popular, a permitir un mínimo de heterogeneidad social en la ocupación de viviendas

En total, suficientes elementos como para crear nuevos contingentes de excluidos que irán a engrosar las filas de “las clases peligrosas”, para mantener las divisiones, atizar los miedos por cuestiones de seguridad, y alimentar la represión. Se trata de una derecha que, sin sorpresa, recupera sus verdaderos valores: se aumentaron notoriamente los presupuestos de la policía, de la justicia penitenciaria y del ejército, mientras que se mantienen congelados o se reducen los de educación, investigación y cultura. Pero, a pesar de todo, aún están insatisfechos. Los más reaccionarios, los “liberales”, al igual que las patronales, se muestran impacientes ante la “prudencia”, la “lentitud” y la “timidez” de un gobierno que tiene todo el poder. Dado que la oposición está sin voz y el movimiento social disperso, parecía haber llegado el momento de imponerse sin miramientos.

Pasada la tradicional tregua que acompaña las fiestas de fin de año, volvió a subir la fiebre. Un ministro recibió a un grupo de diputados “liberales” que venía a presentar propuestas salvajes, como la abrogación de las reglas que limitan la contratación de trabajadores a plazo fijo (CDD), la supresión de sanciones en caso de despidos abusivos o de ciertas infracciones fiscales por parte de las empresas... Una manera de tantear el terreno, aflojándole las riendas a los “ultras”, para luego hacer aparecer las medidas del gobierno como razonables y moderadas.

El mismo día, el 14 de enero, el Primer ministro se presentó ante la asamblea general de las patronales, algo nunca visto. Allí se lo presionó por medio de un ultimátum para que hiciera “mucho más y más rápido”: reducción de los gastos del Estado y del número de funcionarios; instauración de un servicio mínimo en el sector público; supresión del impuesto sobre la fortuna “sin tabúes políticos”; reducción de las cotizaciones y de los impuestos empresariales; cuestionamiento de la jubilación a los 60 años por medio de la prolongación del periodo de aportes a 42 o 43 años, y creación de fondos de pensión; privatización de servicios públicos y apertura de las cajas de seguro médico a la competencia entre el sector público y el privado; y, por último, renegociación de las 35 horas semanales para “que Francia se ponga de nuevo a trabajar”. Pero Francia no tiene trabajo, a causa de los numerosos cierres de empresas, despidos y reducciones de personal.

La arrogancia y la suficiencia son una tradición de las patronales francesas. Luego de pasar por el breve purgatorio posterior a la Segunda Guerra Mundial -durante la cual, salvo raras excepciones, colaboró asiduamente no sólo con el régimen de Vichy sino también con el ocupante, en favor de la máquina de guerra nazi- los patrones, dando por superada su vergüenza, recuperarorn su proclividad a la dominación. Nada logró modificar sus certezas: ni su participación en las aventuras colonialistas de ayer y de hoy, des de el Banco de Indochina hasta Total Elf en Africa, ni los desastrosos errores estratégicos, industriales y financieros (siderurgia, textil, construcciones navales...) cuyas facturas siempre debió pagar la sociedad. Y ni siquiera los llevan a mostrarse discretos el hundimiento del Credit Lyonnais o de Vivendi, ni los espejismos de la “nueva economía”, ni el vergonzoso accionar oculto tras la “buena administración” de las grandes empresas, ni las revelaciones sobre la codicia obscena de sus dirigentes.

Furiosamente aferrados a sus “derechos adquiridos”, a los contratos y a las ayudas del Estado y de las administraciones locales; obstinados en exigir “cada vez más”; permanentemente confabulados con los ministerios y con los principales funcionarios públicos; adeptos del nepotismo y de la acumulación de cargos, de ingresos y de privilegios ilegítimos (50 importantes patrones franceses acumulan 1.213 puestos (3) de poder dinástico, que permiten heredar la dirección de empresas, sin más capacidad que la de los nobles que antaño heredaban el mando de los regimientos), los patrones franceses hallaron en la persona del barón Ernest Antoine Seillière de Laborde un representante a su medida.

Actualmente, el Movimiento de empresas de Francia (Medef) tanto como su presidente, se muestran decididos a ejercer un “derecho de injerencia” en los asuntos públicos, y reivindican un “partenariado” con el gobierno. Como semejante derecho no es constitucional, ni tampoco la cogestión de los asuntos de la República, el Primer ministro hubiera podido reaccionar contra lo que podía aparecer como un intento de golpe de estado faccioso. Las semanas venideras dirán si finalmente se rindió a las exigencias patronales.

El sistema de jubilación servirá de prueba (4). Porque allí estarán en juego las bases de un acuerdo concluido hace más de medio siglo: el reparto del producto nacional entre las partes interesadas; la solidaridad entre generaciones y entre los trabajadores de oficios penosos y los demás; la equidad entre sector público y privado; el reconocimiento de regímenes especiales; y el derecho a retirarse o a seguir trabajando... Actualmente, el sistema de jubilación ya protege cada vez menos y de manera muy desigual, por lo que se impone un debate nacional y una solución política. Al sentar las bases de esa discusión (5), las organizaciones sindicales -por una vez, unánimemente de acuerdo- hicieron un eficaz aporte. El patronato pretende reducir el debate a la modificación de algunos parámetros que garanticen un financiamiento menos oneroso: prolongación del periodo de aporte, disminución de las prestaciones, y descarga del sistema sobre los fondos de pensión por capitalización. Además, sueña con quedarse con esa enorme suma de dinero y sustituir la arcaica solidaridad por el moderno “cada cual para sí” de la capitalización, a condición de que la misma sea fiscalmente asistida. En lo que les concierne, los principales patrones y dirigentes de empresas hace tiempo que arreglaron su propia situación, solucionando confortablemente su problema.

Es de temer que el gobierno esquive el problema. En lo que hace a las reformas, en ese terreno como en todos los demás, utiliza el probado método de cortar el problema en rebanadas; la demolición social por etapas: sector privado, funcionarios públicos, Electricidad de Francia y Gas de Francia (EDF-GDF), Corporación de transportes de París (RATP), Sociedad Nacional de ferrocarriles (SNCF), regímenes especiales. Negociaciones especializadas todas ellas, que quedan en manos de los tecnócratas (6). Cuando los trabajadores rechazan el acuerdo, como ocurrió con EDFGDF, se los ignora, aun a riesgo de un enfrentamiento que algunos temen. Sin embargo, la derecha tiene todo el poder. Y hoy se ve presionada por la patronal; aguijoneada por los ultras revanchistas que sueñan con dar batalla; urgida por Bruselas para que reduzca los gastos presupuestarios, abra a la competencia el sector público, privatice las empresas estatales e inicie las contra-reformas indispensables. A la vez, la derecha también está enrolada en la política de derecho al saqueo, desarrollada bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se negocia -en el marco del Acuerdo general sobre comercio y servicios (AGCS)- la progresiva sumisión a la ley del mercado de todos los servicios públicos, incluidos la salud y la educación (7).

Como antes a la izquierda, le falta la confianza en sí misma que da la legitimidad democrática. Legitimidad siempre en disminución, en Francia como en otras latitudes, cuando una mayoría parlamentaria abrumadora proviene de apenas un tercio de los electores, en el caso de la cámara de diputados, y de un cuarto, en el caso del Senado. Sin contar con que el presidente de la República, electo -por descarte- con un enorme porcentaje de votos en la segunda vuelta, había logrado menos del 20% en la primera. “La soberanía nacional pertenece al pueblo (...) Ningún sector del pueblo ni ningún individuo pueden atribuirse su ejercicio” precisa la Constitución. La cohesión social en las democracias europeas descansa sobre el respeto de los principios inscritos en el pacto constitucional, cuya aplicación es la única función de los gobiernos. ¿Hace falta recordar algunos de los principios actualmente más amenazados? “Todas las personas tienen derecho a obtener un empleo (...) La Nación garantiza a todos, principalmente a los trabajadores de cierta edad, la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y el esparcimiento (...) Todo ser humano que a causa de su edad (...) de la situación económica, sea incapaz de trabajar, tiene derecho a obtener de la sociedad los medios adecuados a su subsistencia (...). La organización de la enseñanza pública, gratuita y laica en todos los niveles, es un deber del Estado (...). Todo bien, toda empresa cuya explotación tenga o adquiera carácter de servicio público nacional o de un monopolio de hecho, debe convertirse en propiedad de la sociedad” (8). No hay ningún motivo para creer que los ciudadanos estén dispuestos mayoritariamente a tirar a la basura sus derechos “arcaicos”, duramente conquistados, que terminarán por aparecer como reivindicaciones subversivas.

Mientras tanto, nada autoriza a una representación minoritaria, aun legalmente investida, a violar deliberadamente esos derechos, con la excusa de introducir reformas, aunque ellas cuenten con el aval del Medef y con la aprobación de los mercados. “La política de Francia no se hace en la Bolsa”, recordaba en su época el general Charles de Gaulle, un hombre de derecha, que la derecha actual reivindica. Por lo tanto, es perfectamente legítimo resistir por todos los medios a esa empresa de demolición. Su única justificación es satisfacer las exigencias del lobby patronal, alinear a Francia junto a los países con menor protección social, e integrarla a la política de la mundialización forzada que el capitalismo trata de imponer en todo el mundo.

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* Periodista

NOTAS:

(1) AFP, 18-12-2002 y Le Monde, 10-1-2003.
(2) Jacques Nikonoff, “Le patronat ruine l’ assurance chômage”, Le défi social, Manière de voir n° 66, noviembre- diciembre 2002.
(3) Pierre Betoun, “Fonctionnaires accusés, nantis épargnés”, Manière de voir n° 66, noviembre-diciembre 2002.
(4) Martine Bulard, El verdadero escándalo de las jubilaciones” Le Monde diplomatique, edición española enero de 2003.
(5) Plataforma presentada por el Consejo de orientación de las jubilaciones el 6 de enero de 2003.
(6) Marie-Béatrice Baudet e Yves Mamou, “Retraites: débat de société ou réforme de technocrates?”, Le Monde Economie, 14-1-2003.
(7) Agnès Bertrand y Laurence Kalafatides, OMC, le pouvoir invisible, Fayard, París, 2002.
(8) Preámbulo de la Constitución francesa.

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