Con la excusa de la lucha contra la inseguridad, el Estado francés multiplica leyes y decretos generalizando el control social a distintas capas de la población cada vez más numerosas. Así, los poderes de la policía se amplían al mismo tiempo que sus misiones de vigilancia. Tal inflación represiva, que sobrepasa los medios y las competencias de las fuerzas de seguridad, les conduce a descargarse sobre otras instituciones sociales. Al mismo tiempo los abusos policiales, que alimentan los enérgicos discursos del ministro del interior-simbolizados por los dos clandestinos expulsados muertos en Roissy- contribuyen a radicalizar los discursos “antipoliciales” de los jóvenes.

Desde los «inadaptados» de Jean Pierre Chevènement hasta las «zonas de no-derecho libradas a la economía paralela y a la ley de las bandas» del ministro francés de Interior Nicolas Sarkozy, los suburbios franceses y parte de sus habitantes parecen haberse convertido en la principal amenaza para la sociedad francesa.

En los distintos medios, sobre un fondo de curvas exponenciales de la delincuencia, autoproclamados expertos en seguridad profetizan el advenimiento del reino de unos delincuentes cada vez más jóvenes, reincidentes y violentos. Las distintas tendencias de los diversos partidos políticos se confunden –con matices en el tono- cuando unen sus voces a las de los periodistas y «expertos » para entonar la cantilena de la «demanda de seguridad» de sus electores, y reclamar más policías, así sean municipales. Hace cinco años que la seguridad ciudadana se convirtió en una de las prioridades de los distintos gobiernos que, desde la ley sobre la seguridad cotidiana (LSQ) a la ley de programación sobre la seguridad interna (LOPSI) le dedican importantes medios materiales y legislativos.

Para comprender esta extraordinaria inflación de la seguridad, hay que preguntarse por las transformaciones de los barrios populares de Francia, la «violencia» que puede observarse allí y los modos de tratarla.

En primer lugar, bajo el efecto de las políticas neoliberales en materia de vivienda promovidas durante los años 70, los sectores más favorecidos de esos barrios pudieron acceder a la propiedad y los abandonaron progresivamente. En esa misma época, las reestructuraciones industriales afectaron duramente al empleo no cualificado que ocupaba a la mayoría de los habitantes de esas zonas. Ese fenómeno doble de empobrecimiento y concentración de la precariedad tendrá importantes efectos que cobrarán una dimensión muy visible en los sectores más jóvenes de la población.

El vagabundeo por el espacio público, propio de esos adolescentes, que se traducía en una serie de comportamientos «desviados» (violencia verbal y física, hurtos, vandalismo, etc.) no es nuevo (matones, camisas negras, etc.). Sin embargo, tocaba rápidamente a su fin gracias a la integración dentro de las franjas más descalificadas del proletariado industrial. Y lejos de oponerse a la cultura de la fábrica, los valores de que eran portadores (virilidad, violencia, anti-autoritarismo, etc.) encontraban allí un receptáculo favorable. Basta pensar en la virilidad de los talleres, la lucha contra el «jefe », el capataz. Esos valores nutrían incluso a veces la acción política y sindical. Al paso de los años, la integración profesional iba de la mano con el pasaje a un modo de vida más «conforme» a las normas sociales dominantes.

Actualmente, esos mismos jóvenes ya no pueden insertarse en un mundo en marcado declive, como tampoco pueden ocupar los nuevos empleos sub-calificados a que su ausencia de cualificación los consagra objetivamente. En efecto, esos empleos corresponden exclusivamente a los servicios, que imponen formas de civilidad y comportamientos «normalizados» (docilidad, amabilidad, deferencia incluso), opuestos a los valores de la calle. Simultáneamente, la masificación de la enseñanza en Francia prolonga la permanencia dentro del sistema educativo de ciertos adolescentes que habrían sido excluidos de él, cosa que los lleva a alimentar durante un tiempo ciertas esperanzas de ascenso social que los alejan aún más del mundo obrero de sus padres (1). Esperanzas rápidamente frustradas por otra parte, dado que la escuela no les ofrece más que un devaluado porvenir, lo cual socava además en gran medida los cimientos de la autoridad de los docentes (2).

Estos adolescentes, varones en su inmensa mayoría, excluidos del mundo escolar y profesional, son lo que Robert Castel llama «desafiliados », esos «inútiles del mundo, que lo habitan sin pertenecer realmente a él. Ocupan el lugar de supernumerarios, hallándose en situación de flotación dentro de una suerte de no man’s land social, no integrados y sin duda inintegrables. (…) No están conectados a los circuitos de intercambio productivo, perdieron el tren de la modernización y se quedan en el andén con muy poco equipaje. En consecuencia, pueden ser objeto de atenciones y suscitar inquietud, puesto que plantean un problema» (3).

Problemas en la escuela, entonces, pero también en los barrios, y dentro de las estructuras socio-culturales donde no participan pero a las que perturban, en los halls de los edificios que transforman en sitios visibles de una sociabilidad específica, etc.

Las dificultades reales de las distintas instituciones (escuelas, prestadores de fondos sociales, transportes públicos, representantes locales, etc.), enfrentadas a esas poblaciones y a sus comportamientos, se tradujeron en un aumento multilateral de petición de soluciones policiales.

Pero las respuestas que puede aportar la policía siguen siendo ambivalentes. Las misiones de «pacificación social» no son de gran interés para los policías, que ubican en la cúspide de la escala al trabajo judicial o de información. En efecto, la policía es una institución que se caracteriza tal vez más que otras por la elección de sus misiones y la forma de ejecutarlas. Esta órbita de acción no está necesariamente en sintonía con las demandas externas. El problema de los grupos de adolescentes que estacionan en los hall confirma esta actitud a pesar de ser el punto de convergencia de numerosas denuncias, tanto por parte de particulares como de agentes institucionales.

Este desfase entre solicitudes de intervención relativamente anodinas pero reiteradas y la persecución de los delitos limita el entusiasmo de los policías por intervenir. Efectivamente, las solicitudes de regulación de los pequeños desórdenes exceden ampliamente las capacidades de la policía y su savoir-faire (o su “saber-ser”). Esta intervención solitaria de la policía que a menudo se reduce a una represión sin delitos, un control sin infracciones, sigue siendo muy difícil. Un jefe de policía resumió de la siguiente manera la acción de sus brigadas anti-criminalidad (BAC) en los halls de edificios: «Si encuentran algo, armas, hachisch o lo que sea, hacen una interpelación, pero si no, se limitan a hacer controles de identidad y hacen irse a los jóvenes explicándoles que molestan a todo el mundo.»

En todos los casos emblemáticos estas misiones resultan poco gratificantes y su repetición instaura un fuerte clima de desconfianza entre las fuerzas del orden y los grupos a los que controlan. Radicalizan y endurecen las posiciones de cada uno, lo que se traduce por un lado en la multiplicación de la violencia policial ilegítima observada estos últimos meses en Poissy, Châtenay- Malabry, Saint-Denis, Dammaire les Lys (4), etc. y por el otro en el aumento de los agravios, e incluso de las insubordinaciones. Convirtiéndose por otra parte estos dos delitos, en la mayoría de los casos, en el único cargo de inculpación en esas situaciones (5). Como subraya un magistrado: «Notamos que el mismo control de identidad provoca la aparición de los delitos. Al principio, tenemos a una persona que no hizo nada, que no debía ser controlada y al cabo se encuentra perseguida por la justicia por un delito provocado directamente por el control en sí mismo.»

La autoridad judicial se inscribe así dentro de una lógica de orden público y es conminada a prolongar la acción de la policía mediante sanciones. Asistimos a una extensión masiva de la penalización de comportamientos que hasta el momento no eran perseguidos por la Justicia, así como a un endurecimiento de las penas impuestas por delitos menores.

Sin embargo, este aumento de la cantidad de ultrajes y la creciente tensión en la relación entre «jóvenes » y policía no resuelve la cuestión inicial, la de los pequeños perjuicios que habían desencadenado este tipo de intervenciones.

Dada su cotidiana confrontación con este tipo de contradicciones, los policías se ven obligados a solicitar estructuras «societarias», como los Contratos Locales de Seguridad (CLS), en la medida en que dentro de ellas tienen todas las de ganar, práctica y simbólicamente. En efecto, involucrar a otros agentes sociales en el control y la normalización de esos comportamientos desviados es una de las soluciones menos costosas y más eficaces para dar respuesta a desórdenes que ellos no pueden resolver, tanto por razones internas (prioridades policiales, «inversión jerárquica») como ligadas a sus prerrogativas (necesidad de constatar un delito, desplazamiento de los problemas, a veces unos pocos metros en el caso de los operativos policiales intensivos). Así es como asistimos a un trabajo de enrolamiento policial de las otras instituciones, ya sea directo, en el caso de los prestadores de fondos sociales, del transporte público, incluso de las municipalidades, que desarrollan sus propias fuerzas de seguridad ; ya sea indirecto, en el caso de la escuela, las ANPE, las misiones locales de inserción, etc., conminadas a proporcionar información sobre los adolescentes que persiguen o custodian. Esta colaboración se basa en la liberalización de la información entre “socios” y el intercambio de datos personales precisos sobre los individuos, las comunidades o familias que “causan problemas” a nivel local.

Pero este intercambio sigue siendo desigual, puesto que la policía conserva en gran medida para sí su conducción. Como consecuencia directa de esta hegemonía, las lógicas policiales –aun cuando en ciertos casos suscitan resistencias- tienden a convertirse en el prisma pertinente de aprehensión de ciertas poblaciones. Lo que hacía decir no sin humor a un adolescente regularmente enfrentado a la policía: “Ahora la BAC (brigada anti criminalidad), cuando nos golpea, nos llama por nuestro nombre”.

Este movimiento confiere a los policías una posición central que sin duda nunca antes habían conocido. La imposición de sus análisis –no desprovistos de intereses partidarios y/o corporativos- orienta en gran medida las formas de las respuestas que se darán. En ciertos aspectos, se asiste a una reformulación policial de la cuestión social, y en particular de la cuestión de la “desafiliación”.

La visión estrictamente policial de estos problemas tiene su origen en las orientaciones políticas e ideológicas observadas en Francia desde hace algunos años. Mientras que los sucesivos gobiernos tuvieron, en definitiva, escasa incidencia en las transformaciones del mundo del trabajo, la relegación espacial y los desórdenes urbanos de ellas derivados (6), intentarán reafirmar su poder de gobernar mediante una gestión policial y judicial de esos desórdenes. Se trata de un viraje importante, especialmente en la izquierda, puesto que en veinte años hemos pasado de un abordaje global de los problemas (desarrollo social de los barrios, mejoramiento de las construcciones y prevención de la delincuencia), es decir, de la idea de que esos problemas tenían causas sociales, a la idea de la responsabilidad individual del delincuente y de su opción racional. Esta importación de las teorías económicas neoliberales del homo economicus al análisis de la desviación presupone que bastaría encarecer su coste, aumentando la represión policial y las penas a que se exponen frente a la justicia, para hacerla disminuir, o desaparecer.

Si bien estas concepciones son políticamente muy funcionales, en particular durante un período electoral, plantean problemas a medio y largo plazo. La policía, en efecto, no tiene recursos para contener la delincuencia menor, que muchas veces constituye, junto con el trabajo en sumerjido y los breves períodos de reemplazo, uno de los únicos modos de supervivencia de reducidos grupos excluidos de modo duradero del circuito de los intercambios productivos. En ese sentido, no es seguro que las espectaculares intervenciones de los Grupos de Intervención Regionales (GIR), la dotación de policías zonales de flashball, y de chalecos antibalas vayan a resolver los problemas de exclusión económica y social, cualificación profesional y discriminación en los empleos. ¿Pero acaso es ése el objetivo?

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* Investigador en ciencia política de la universidad París X-Nanterre. Codirector de la obra La Machine à punir. Pratiques et discours sécuritaires, L’Esprit frappeur, París, 2001, 320 páginas.

NOTAS:

(1) Véase Stéphane Beaud y Michel Pialoux, “La ‘vergüenza’ de ser trabajador”, Le Monde diplomatique edición española., Julio 2002.
(2) No es indiferente que las mayores dificultades en términos de desórdenes escolares involucren al collège (en Francia, establecimiento estatal de enseñanza secundaria de menor jerarquía que el lycée). Véase La Misère du monde, Seuil, París, 1993, realizado bajo la dirección de Pierre Bourdieu; y Sandrine Garcia y Franck Poupeau, “Violences scolaires: la faute à l’école?”, Le Monde diplomatique, 10-2000.
(3) Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Gallimard, París, 1999, págs. 665-666.
(4) Para una descripción de la movilización ejemplar de un barrio en torno a la asociación Bouge qui bouge y el Movimiento de la Inmigración y los Suburbios (MIB), véase Vacarme, París, nº21, otoño de 2002.
(5) La situación está en proceso de modificación, puesto que el proyecto de ley sobre la seguridad interna prevé hacer de la ocupación de las partes comunes de los edificios un delito, castigado con 2 meses de prisión y 3000 euros de multa.
(6) Un reciente informe del Insee sobre las zonas urbanas afectadas reveló que esas zonas siguen hundiéndose en la pobreza. Las tasas de actividad y empleo se degradan, afectando paticularmente a los jóvenes. Véase INSEE première, París, nº 835, 3-2002.

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