Al igual que su homólogo venezolano Hugo Chávez, el triunfador en las elecciones presidenciales ecuatorianas del 24 de noviembre pasado, Lucio Gutiérrez, se había hecho previamente célebre por su participación en un levantamiento militar. El 21 de enero de 2000, un grupo de jóvenes oficiales apoyados por miles de aborígenes de la Confederación de acionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), se apoderó durante algunas horas de la sede del Poder Legislativo de esta República andina de trece millones de habitantes (1), provocando la caída del gobierno de Jamil Mahuad. Ahora legalmente al frente del país, Gutiérrez deberá afrontar problemas similares a los de Chávez.

Aun antes de que el gobierno de Mahuad -al borde de la asfixia- decidiera la dolarización, la gota que había hecho desbordar el descontento popular había sido el salvajismo de los bancos: en 1999, el Estado había regalado cerca de 3.000 millones de dólares a una oligarquía financiera que había dilapidado de manera ilegal el equivalente al doble de las reservas monetarias y usurpado a cientos de miles de pequeños ahorradores el dinero guardado a lo largo de toda la vida (2). Las consignas de Gutiérrez –afirmadas durante la campaña lectoral que lo llevó a la presidencia- eran muy diferentes del habitual discurso neoliberal: lucha contra la corrupción; reducción de la pobreza; inversión pública en salud y educación; desarrollo de las “cinco seguridades” (social, ciudadana, jurídica, ecológica y alimentaria) y estimulación de una competencia capaz de crear empleos. Sobre esa base había fundado en 2001 su movimiento político, el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), y reafirmado su alianza con los indígenas.

Pero el movimiento indígena ecuatoriano no es un simple apéndice de la dinámica gutierrista. Desde la fundación de la Conaie en 1986, y sobre todo después del levantamiento nacional de 1990 (3), los indígenas supieron combinar la lucha social y la práctica institucional. Luego de un periodo de rechazo de lo que llamaban la “democracia excluyente”, la Conaie decidió no volver a abandonar el terreno electoral a la oligarquía tradicional. En alianza con sectores no indígenas vinculados a la izquierda alternativa y a los movimientos sociales, creó en 1995 el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP). En las 27 municipalidades que controla actualmente, el MUPP-NP practica un estilo de democracia participativa y multicultural (4).

Favorable a la unidad de las fuerzas progresistas, en la primavera del 2002 Pachakutik decidió finalmente apoyar la candidatura de Gutiérrez. Los resultados del ex-coronel en las regiones indígenas de los Andes y de la Amazonia, al igual que los propios avances del MUPP-NP -que pasó de 6 a 11 diputados (5)- muestran que la implantación del movimiento indígena tuvo su influencia. Para Pachakutik, esta victoria -totalmente desfasada respecto del ritmo de construcción de una formación aún muy joven- representa a la vez un temible desafío y una experiencia sin precedentes en América Latina.

Las negociaciones para formar gabinete generaron las primeras fricciones públicas con el PSP. Para Miguel Lluco, coordinador nacional del MUPP-NP, la corresponsabilidad gubernamental debe expresarse, entre otras cosas, en la obtención de ministerios “no periféricos” para los indígenas. Antes que verse marginado en el seno del gabinete, Pachakutik preferiría obtener una alianza parlamentaria cuya solidez dependerá de la fidelidad de Gutiérrez sus compromisos fundamentales, entre los cuales figuran la negativa integrar el ALCA (6) y la oposición a implicar el país en el conflicto colombiano en función de los intereses de Washington, que ejerce una enorme presión en tal sentido.

De cualquier manera, Gutiérrez no dispone de una mayoría parlamentaria (el PSP tiene apenas 6 diputados) y deberá llegar a acuerdos no sólo con una socialdemocracia (16 diputados) que por el momento se mantiene a la expectativa, sino también con fuerzas centristas o populistas que venderán caro su apoyo, como el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) del expresidente Abdala Bucaram, exilado en Panamá.

Pero lo más preocupante es la situación económica. En 2003, el servicio de la deuda externa pública (más de 12.000 millones de dólares, cerca del 80% del PBI) costará a Ecuador 2.000 millones de dólares. Se estima que el déficit fiscal de 2002 será de unos 250 millones de dólares. La oscura la gestión del ex ministro de economía Carlos Emanuel -actualmente prófugo- tendría mucho que ver en esos resultados. El tema dio lugar a una polémica entre el gobierno saliente y Gutiérrez, muy preocupado por la falta de transparencia en las cifras oficiales. Pero lo más grave es el creciente déficit en las cuentas corrientes y en la balanza comercial (en parte, un efecto perverso de la dolarización) que superan los 1.700 y 1.400 millones de dólares respectivamente.

Frente a esa situación catastrófica, el movimiento indígena manifestó su disposición a no plantear exigencias irresponsables, pero exigió a la vez coherencia y transparencia en la elaboración de las políticas públicas. Por su parte, Gutiérrez no ha cesado de suavizar su discurso. Preocupado por desmarcarse de Hugo Chávez y aún de Luis Inacio “Lula” da Silva, reservó su primer viaje postelectoral a Washington y -con el pretexto de una visita a Bogotá- evitó encontrarse con el presidente venezolano y con Fidel Castro, que a principios de diciembre habían viajado a Quito para asistir a la inauguración del museo-memorial del pintor Oswaldo Guayasamín.

El mero proyecto de un gobierno “limpio” y eficaz encuentra temibles obstáculos. Sin embargo, el compromiso anti-corrupción del nuevo Presidente es creíble: Gutiérrez ya pagó personalmente el precio de esa idea al sacrificar su carrera militar y no puede ser sospechoso de estimular las prácticas depredadoras de la clase política tradicional. Pero los clanes de rentistas y los intereses corporativos mafiosos están profundamente enquistados en la estructura del Estado y disponen de una enorme capacidad de extorsión y de sabotaje. Además, la corrupción está muy enraizada en todos los niveles de la administración pública, cuyos funcionarios en general están muy mal remunerados, situación que será muy difícil de solucionar a corto plazo a causa de la bancarrota fiscal del Estado. La conciencia de esas dificultades explica posiblemente que Ecuador no haya vivido una gran euforia post-electoral. Los signos del cambio de ambiente son más sutiles: la consideración un poco obligada que ahora muestran los periodistas al dirigirse a los líderes indígenas, hasta entonces ausentes de las pantallas; la repentina preocupación de las organizaciones patronales por la “deuda social” del país…

Los sectores sociales organizados que apoyaron al coronel tienen en general una prudente expectativa. Nadie cuestiona la necesidad de un gobierno de concertación nacional, pero muchos señalan que la misma no puede lograrse por una simple suma de intereses sectoriales. Para Kintto Lucas, jefe de redacción del bimensual de izquierda Tintají, el coronel “debe darse cuenta de que no puede satisfacer a todo el mundo. Los acuerdos y los desacuerdos deben ser transparentes, para que la gente vea que no se les está mintiendo. Lo peor que puede pasarle al nuevo gobierno es que la gente se sienta engañada. Sería el naufragio de la esperanza alimentada por millones de ecuatorianos”.

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* Periodista, Quito

NOTAS:

(1) Según diferentes estimaciones, entre el 70% y el 80% de los ecuatorianos vive en la pobreza.
(2) El salvajismo bancario costó el equivalente al 24% del PIB. En 1999, los gastos sociales representaron el 7% del PIB, los de educación el 3% y los de salud pública 2,2%.
(3) Otras marchas nacionales y levantamientos indígenas pacíficos se produjeron en 1992, 1994, 1995 y 2001.
(4) El MUPP-NP también obtuvo cinco de las veintidós prefecturas de provincia.
(5) Sobre 100 (120 en la precedente legislatura).
(6) Pachakutik aboga por un refuerzo de las alianzas económicas regionales y por un acercamiento con la Comunidad Andina y con el Mercosur.

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