¿Los futuros sexagenarios deberán elegir entre jubilarse con pensiones miserables o seguir trabajando hasta los 67 o 70 años? Sin dudas Jean-Pierre Raffarin presentará sus proyectos de otra manera al exponerlos ante los interlocutores sociales a principios de febrero. A pesar de la dispersión sindical que, a su manera, evidenciaron las elecciones de la Magistratura del Trabajo, la CGT, FO, la CFDT y la CGC decidieron -al cabo de muchas tergiversaciones- realizar acciones conjuntas en toda Francia para fin de mes. Previamente, una conferencia de sindicatos europeos tendrá lugar en París, el 17 de enero.

La figura de los “viejos”, que con mucha emoción cantara Jacques Brel, prácticamente desapareció del paisaje mediático. Fueron reemplazados por los “jóvenes viejos”, sexagenarios que aún vivirán perfectamente bien unos veinte años más. Ellos representan actualmente el 20% de la población. Desde ahora y hasta 2040, en Francia, una persona de cada tres será sexagenaria. Puede verse allí el signo de un peligroso envejecimiento del país. A la inversa, también puede verse el dinamismo de una sociedad cuya población se mantiene joven durante más tiempo. Ello debería abrir nuevas posibilidades de empleo para los “juniors” y permitir a los demás organizar su vida de otra manera, y escapar así a las limitaciones del sistema actual. Sistema que ya había sido denunciado a comienzos del siglo pasado por Jean Jaures, el 11 de julio de 1912, en la Cámara de Diputados: “Considero como una organización bárbara la organización industrial y económica actual, que hace que hasta una cierta edad, hasta un determinado minuto (...) el hombre padezca por exceso de trabajo, y que luego sufra de la desaparición total de trabajo, que es como la imagen anticipada y sombría de la desaparición de la vida! (1).

Hoy en día, la jubilación ya no representa esa “muerte social” de antaño. Sin embargo, algunos quisieran apropiarse el tiempo ganado sobre la muerte física y sobre la enfermedad, para obligar a los empleados a seguir trabajando más tiempo o a jubilarse con pensiones miserables, netamente inferiores a los salarios que ganaban. Para justificar semejantes iniciativas los sucesivos gobiernos produjeron cantidades de estudios e informes (2). Pusieron de relieve el “shock demográfico” real: a partir de 2006 habrá 200.000 nuevos jubilados más cada año. Y presentaron una hipótesis más discutible: en 2040, Francia tendrá siete jubilados por cada diez trabajadores activos (3).

No cabe duda de que habrá que gastar más en jubilaciones: entre cuatro y seis puntos más de las riquezas producidas, o sea, entre el 16 el 18% del Producto Interior Bruto (PIB), contra el 12,6% en 2001. Se trata de un esfuerzo importante pero no imposible, pues representa aproximadamente el aumento comprobado entre 1975 y 2000 (de 7,3% del PIB a 12,6%). Para hacer frente a esa perspectiva, algunos apuestan al previsible aumento de la productividad. Pero esas ganancias no pueden ser absorbidas sólo por las jubilaciones. Los trabajadores activos querrán, con toda justicia, sacar su parte. Por otra parte, el explosivo aumento de las necesidades colectivas (fundamentalmente en el campo de la salud y de la ayuda a las personas dependientes, pero también en educación, perfeccionamiento...) exigirá cada vez más fondos.

Hacer saltar el cerrojo de la función pública

Es cierto que serán necesarias otras fuentes de financiación, pero no en la proporción a menudo indicada. Y las medidas preconizadas llevarán a una situación sin salida. Ciertamente, luego de los escándalos bursátiles y el derrumbe de los fondos de pensión británicos, holandeses y estadounidenses, resulta difícil hacer el elogio de las jubilaciones por capitalización. Por lo tanto, Jacques Chirac y Jean-Pierre Raffarin decidieron especular con el paso del tiempo, sabiendo que la inquietud de los franceses y sus dudas sobre la capacidad de los sistemas actuales constituyen sus mejores aliados.

Los jóvenes se preguntan si tendrán una jubilación decente; los de más edad si podrán jubilarse a los 60 años... Un maná del cielo para los bancos, las compañías de seguros y los fondos de pensión. Los asalariados, en cuanto tienen un empleo estable se vuelcan a las inversiones financieras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos (INSEE), el 40% de los obreros tiene dinero puesto en inversiones que no son ni la libreta de ahorro ni planes de ahorro para la vivienda, en general en seguros de vida (4). Los trabajadores tienen a menudo grandes ilusiones sobre los ingresos que obtendrán de ese ahorro extra al fin de su vida laboral.

En cambio, esa búsqueda de soluciones individuales puede quebrar los resortes de la solidaridad –base del sistema de jubilaciones por reparto- y sobre todo, cortar la cadena de generaciones por la cual los jóvenes solventan la jubilación de sus padres, que a su vez financiaron la de sus mayores. Esos principios, en vigor en la mayoría de los países europeos (ver recuadro), en Francia fueron esbozados a partir del siglo XIX. Se consolidaron en 1945 con las leyes de protección social, y se extendieron en las décadas de 1960 y 1970, hasta llegar al sistema actual. El gobierno no los ataca frontalmente -ha sacado sus conclusiones de las huelgas de 1995- ni parece dispuesto a abolir la ley sobre la jubilación a 60 años. Le alcanza con adoptar las medidas necesarias para que sea financieramente difícil, sino imposible, retirarse a esa edad.

En efecto, lo que se recibirá como jubilación por el régimen de base y por los regímenes complementarios 5) depende de la duración de los aportes realizados (que cuenta por una quinta parte), de los años que se tomen como periodo de referencia del salario (dos quintos) y del tipo de indexación de las jubilaciones dos quintos). “Esto muestra hasta que punto es importante no descuidar ningún aspecto, aún aquellos que están poco o nada mediatizados” precisa Jean-Christophe Le Duigou, secretario confederal de la CGT y miembro de la Comisión de Orientación de Jubilaciones (COR).

Los daños causados por la reforma iniciada en 1993 por Edouard Balladur y por el gobierno de derecha sobre los empleados de empresas privadas ya comienzan a hacerse sentir. El periodo de aportaciones aumentó en un trimestre por año, pasando de 37,5 a 40 años al 1° de enero de 2003. El periodo de referencia, para los empleados, pasó de los diez mejores años de salario a los veinte mejores años al 1° de enero de 2003, y llegará a los veinticinco mejores años en enero de 2008. La indexación de las jubilaciones ya no depende más de la evolución de los salarios promedio de la rama laboral, sino de la evolución de los precios. Todo eso parece muy técnico, pero, si se le agregan los acuerdos sobre las jubilaciones complementarias firmados por el patronato y los sindicatos (salvo la CGT), se llega a una muy evidente caida del nivel de las jubilaciones (-30%). Así, antes de la reforma los jubilados recibían en promedio el equivalente al 84% de su último salario neto. En 2000 sólo recibirán el equivalente al 79%, y hasta el 56% en el caso de algunos cuadros. En 2020 sólo recibirán entre el 70% y el 50% de su salario, según haya sido la evolución de su carrera. En 2040, si no se hace nada, se caerá a una proporción de entre 68% y 47% (6).

Y hay que tener en cuenta que esos promedios sólo conciernen a los trabajadores que aportaron durante cuarenta años ininterrumpidos. Pero ocurre que las carreras profesionales se parecen cada vez más a un patchwork, en particular para las mujeres, cuyas jubilaciones ya son actualmente inferiores a las de los hombre en un promedio del 42%. El gobierno y el patronato esperan aumentar aún más el periodo de aportaciones. El vicepresidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Guillaume Sarkozy, habla de 6 a 7 años suplementarios. El Comisariato del Plan propone llegar a 42,5 años.
Previamente es necesario, como dice el Medef, “hacer saltar el cerrojo de los funcionarios públicos”. Por lo tanto, el gobierno se apoya en la regresión impuesta en 1993 a los trabajadores del sector privado para tratar de alinear a los funcionarios, en nombre de una justicia... que para ambos sólo puede equipararse hacia abajo.

Teniendo en cuenta la entrada tardía de los jóvenes en la vida laboral, la edad requerida para jubilarse será muy elevada. Las generaciones precedentes terminaban sus estudios entre los 15 y los 16 años en promedio; las actuales terminan su perfeccionamiento (universitario o profesional) entre los 19 y los 20 años, y en general no ingresan a la vida laboral hasta cerca de los 24 años. Frecuentemente pasan por una serie de trabajos menores mal pagados o directamente por el paro, sin ningún derecho social. Y ese no es un privilegio reservado únicamente a los jóvenes: más de la mitad de los parados no recibe ninguna indemnización, y por lo tanto no aporta nada a la jubilación. Algunos especialistas hablan incluso de la posible reaparición de “jubilados pobres”, que habían ido disminuyendo últimamente (7).

En cuanto a los adultos que están terminando su carrera, es casi indecente exigirles que se jubilen más tarde, cuando en general suelen ser despedidos por las empresas sin preguntarles su opinión. “Ya no es más la ley la que fija la edad de nuestra jubilación, es la empresa quien decide en qué momento anticipa nuestra salida definitiva de la vida profesional” precisa Jean-Marie Toulisse, responsable de jubilaciones en la CFDT.

Actualmente, sólo una minoría de los asalariados está aún en actividad al momento de jubilarse: 45,3 % de los hombres y 41,8 % de las mujeres. Los demás están en pre-jubilación, en paro, o en su casa (dispensados de buscar trabajo, según la fórmula usual). “Esas pre-jubilaciones son un escándalo nacional” exclamó enérgicamente el ministro de Asuntos Sociales, François Fillon 8), poco antes de elogiar a France Telecom y a su plan de supresión de 20.000 empleos sin despidos... pero con pre-jubilaciones. Estas, señala el informe del Consejo de Orientación de Jubilaciones “son percibidas (...) como herramientas de gestión de recursos humanos por parte de las empresas”. Y es muy poco probable que renuncien a ellas: la sociedad paga el rejuvenecimiento de su personal y la reducción de la masa salarial, ya que a los nuevos contratados se les paga menos.

Así es que la edad promedio en que el personal se jubila resulta casi idéntica en el sector público (57,4 años) que en el privado (57,7 años). Pero en el sector público son los derechos del estatuto los que permiten decidir jubilarse, es decir, que el asalariado puede elegir. En el sector privado es la dirección de la empresa la que decide deshacerse de una parte del personal.
Con la extensión del periodo de aportaciones, los asalariados no podrán ni jubilarse ni permanecer en la empresa, y se convertirán en pre-jubilados o en parados. El Unedic y el Estado pagarán en lugar de las cajas de jubilaciones. Para la sociedad no hay ningún beneficio. En cambio, quedará la puerta abierta a nuevas flexibilizaciones. Así como la entrada en la vida laboral se realiza cada vez más a través de contratos de duración determinada (en general con salarios bajos), la salida se hará por medio de cámaras de transición (paro, pre-jubilación) y con derechos reducidos.

En lugar de postergar la edad de la jubilación, más valdría facilitar el empleo de todo el mundo durante la vida activa. Actualmente, más de cinco millones y medio de personas están en paro o subempleadas. Esto concierne en primer término a las mujeres que trabajan a tiempo parcial (y con aportaciones parciales) cuando en realidad ellas quisieran trabajar más. Empezar por suprimir las ventajas financieras (exoneración de aportaciones...) de que benefician las empresas, y hasta penalizar a aquellas que imponen ese sistema, tendría el doble mérito de reflotar las cajas y de devolver ese tipo de trabajo a proporciones más justas. Ello concierne también a los que tienen entre 55 y 59 años, cuya tasa de actividad laboral, en Francia, es una de las más bajas de Europa: 60% para los hombres y 49% para las mujeres.

A partir de 50 años, un asalariado prácticamente no tiene más derecho a cursos de perfeccionamiento; y si está en paro cuenta con muy pocas posibilidades de volver a encontrar trabajo. Sin embargo, “el asalariado de cierta edad trabaja de manera diferente a uno joven, pero no menos bien” escribe Anne Marie Guillemard, de la Universidad París V (9). “Las diferencias de rendimiento dependen mucho de las condiciones y de la organización del trabajo”. Acabar con esa discriminación a causa de la edad tendrá también una doble ventaja: llevar dinero a las cajas de jubilaciones reduciendo al mismo tiempo los gastos de seguro de paro, además de permitir instaurar nuevas relaciones laborales, más respetuosas de las personas, al reforzar los lazos entre las generaciones. Ahora bien, las elecciones presidenciales francesas de abril de 2002 mostraron hasta que punto el sentimiento de relegación y de desprecio experimentado por los obreros y los empleados de las categorías inferiores puede conducir a opciones políticas peligrosas para la democracia (10).

Por supuesto que las personas que realizan trabajos duros deben tener la posibilidad de jubilarse antes. A los 60 años los obreros tienen una esperanza de vida cinco años inferior a la de los cuadros. “Aportan durante más tiempo que las otras categorías y mueren antes; o sea que reciben pensiones de menor monto y durante menos tiempo” comprueba el investigador Thomas Barnay. Por lo tanto, facilitar su jubilación sería un acto de justicia. De la misma forma que deberían poder jubilarse quienes, sin tener aún 60 años, cotizaron durante cuarenta años: esas personas comenzaron su vida laboral muy jóvenes, en épocas en que se trabajaba 45 o 47 horas semanales. Existen además otras medidas posibles. Algunos, como la CGT, proponen la atribución de (al menos) tres años de aportaciones a cada persona que se encuentre siguiendo cursos de perfeccionamiento (universitario o profesional), en aprendizaje o en busca de un primer empleo.

En el corto plazo, y para frenar el engranaje infernal de pauperización de las jubilaciones, se podrían imponer cotizaciones a todos los ingresos que actualmente están exonerados. Y, como sostienen los especialistas del Observatorio Francés de la Coyuntura Económica (OFCE) (11) “una cierta disminución en la exigencia de beneficios (...) podría servir para financiar las jubilaciones”. En 1970, el 72,8% de las riquezas creadas en las empresas se utilizaba para financiar los gastos salariales; en 2000 el porcentaje era de solo 66,2%. Un reparto del valor agregado más favorable al empleo y a los asalariados no tendría nada de incongruente, si se deja relativamente de lado a las empresas de mano de obra.
La jubilación a los 60 años y con niveles decentes (un 80% del salario neto anterior) debe volver a ser una regla para todos los que así lo desean. Lejos de significar la llegada de la vejez, como ocurría antaño, la jubilación representa más bien una nueva etapa de actividad, una reapropiación del tiempo para uno mismo, para la familia y para los demás. Actualmente, cerca de la mitad de las personas de más de 60 años participa en alguna asociación (12), lo que es una suerte en ese momento de la vida en que las personas experimentan la necesidad de establecer nuevos lazos sociales, en los barrios, en el campo, entre distintas generaciones...

Por supuesto que cada uno debe poder elegir la fecha en que dejará de trabajar. “En el sector privado -señala Le Duigou- existe un sistema rígido. Hay que mejorar las posibilidades de una verdadera opción, en un marco colectivo garantizado, como el que existe entre los funcionarios públicos sobre la elección del tiempo laboral: allí, el 95% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen por voluntad propia, están satisfechos y pueden volver al tiempo completo. En el sector privado, en cambio, menos de la mitad de los trabajadores han elegido ellos mismos su ritmo de trabajo”.

Para salir de la actual situación de inseguridad es necesario establecer un nuevo contrato entre las generaciones, apoyado en nuevas fuentes de financiación. Eso aportaría una cuota de justicia al sistema actual, tranquilizaría a quienes aportan y evitaría que se vuelquen en los fondos de pensión, contribuyendo a la vez a crear una sociedad realmente solidaria.

Presiones europeas

La regresión de derechos de jubilación no es un privilegio de Francias. Sin embargo, los fondos de pensiones presentados como la solución milagro, conocen dificultades en todas partes. En el Reino Unido, los dirigentes reclaman un ampliación de la vida laboral hasta los 70 años y... financiaciones públicas para reflotar las cajas de pensiones. Para la mitad de los británicos su único recurso es la jubilación pública, que representa el 32% del salario en activo.

En los Estados Unidos el célebre fondo Calpers no podrá seguir pagando, hasta el 2005, las rentas de sus adheridos y deberá vender sus activos bursátiles masivamente, lo que implicará una bajada del valor de las acciones. De ahí las presiones de sus financieros para la creación de fondos de pensiones en Europa, que permitan recomprar los títulos vendidos por los americanos. En la mayor parte de países (Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Suecia, Grecia, Portugal, Luxemburgo), las pensiones contributivas siguen siendo la norma, aunque se hayan introducido sistemas de ahorro financiero; los Países Bajos, Dinamarca e Irlanda combinan un sistema público y otro por capitalización.

Salvo en Francia, la edad legal fijada en todos los sectores se mantiene en 65 años. Pero en numerosos países, sólo la mitad de las personas de 55 a 60 años pueden seguir trabajando. Dinamarca, Alemania y el Reino Unido son la excepción con un 65 a 70% de estos asalariados todavía en actividad. En todas partes, los gobiernos han comprometido reformas para alargar la duración de la cotización y modificar el cálculo de las pensiones; lo que permite según un estudio de la OFCE (1) “una baja del 31% del montante medio de las pensiones aunque la tasa de pensión legal no haya sido modificada”.
(1) Odile Chagny, Gaël Dupont, Henri Sterdinyak, Paola Vénoni, “Les réformes des systèmes de retraite en Europe”, Revista de la OFCE, París, julio 2001.

NOTAS:

(1) Citado por Jean-Christophe Le Duigou, en L’avenir des retraites, con Jean-Marie Toulisse, y la colaboración de Michel Gairaud, Les éditions de l’Atelier, París, 1999.
(2) Se pueden citar: Le livre blanc sur les retraites, con prólogo de Michel Rocard, La Documentation française, París, 1991; el informe de Jean-Michel Charpin, L’avenir des retraites, Comisariato general del Plan, La Documentation française, París, 1999; el informe de René Teulade, L’avenir des système de retraite, Consejo económico y social, París, 2000; el informe del Consejo de Orientación de Jubilaciones, Retraites, renouveler le contrat entre les générations, La Documentation française, París, diciembre de 2001.
(3) Esas hipótesis se basan en una tasa de fecundidad, una tasa de actividad y un nivel de inmigración iguales a los actuales. Pero esos indicadores pueden variar, sobre todo los dos últimos.
(4) “Investigación Patrimonial 1998” del Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos (INSEE), Insee Première, París, enero de 2001.
(5) Al régimen de base se agregan las jubilaciones complementarias ARRCO (para todos los asalariados) y AGIRC (para los cuadros).
(6) Datos establecidos por la Dirección de Investigaciones de Estudios Evaluativos y de Estadísticas (DRESS) citada por el Consejo de Orientación de Jubilaciones.
(7) Un jubilado de cada veinte en 1997 contra uno de cada cuatro en 1970 !
(8) AFP, 2-12-2002.
(9) “Les quinquagénaires sur le marché du travail en Europe: entre fragilisation et relégation”, Retraite et société, n° 37, La Documentation française. Ver también Serge Volkoff, Annie Jolivet y A.F. Molinié, “Eficaces à tout âge. Vieillissement démographique et activités du travail”, Centre d’études de l’emploi, n°16, La Documentation française, París, 2000.
(10) Ignacio Ramonet, “Retour de la question sociale”, Manière de Voir, n° 66, noviembre-diciembre de 2002.
(11) Odile Chagny, Gaël Dupont, Henri Sterdinyak, Paola Vénoni, “Les réformes des systèmes de retraite en Europe” , Revue de l’OFCE, París, julio de 2001.
(12) Hélène Michaudon, “l’engagement associatif après 60 ans”, Insee Première, París, n° 737, septiembre de 2000.

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