Las negociaciones llevadas a cabo por el representante de la Organización de las Naciones Unidas, Razali Ismail, han conducido, el 6 de mayo de 2002, a la liberación de la opositora Aung San Suu Kyi, cuando, desde hace dos años, nada parecía confirmar las especulaciones sobre la evolución del régimen birmano -excepto las luchas internas por el poder-. El 25 de noviembre, otros 115 prisioneros políticos fueron a su vez liberados. Pero esta supuesta “liberalización” es ante todo un mensaje dirigido a los países occidentales.

Los medios de comunicación birmanos, totalmente controlados por el régimen militar, no han aludido en ningún momento a la liberación, el 6 de mayo de 2002, de la opositora Aung San Suu Kyi, símbolo de resistencia a uno de los regímenes más represivos del planeta, tras diecinueve meses de confinamiento en residencia vigilada. Oficialmente, ya puede circular libremente, y lo aprovecha para realizar viajes fuera de la capital. Incluso se han vuelto a abrir, en cierto número de localidades, oficinas de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND). Sin embargo, doce años de represión han mellado las voluntades. Suu Kyi está prácticamente sola y tiene que interpelar a sus militantes para pedirles que se impliquen en el funcionamiento del partido y en la acción política. Intenta con dificultad volver a arrancar la maquinaria, repitiendo sin descanso que ella, sola, no podrá traer de nuevo la democracia.

Por lo demás, aún no ha tenido lugar ningún encuentro con los dirigentes de la junta militar -el Consejo de Estado por el desarrollo y la paz (SPDC)-, centenares de prisioneros políticos siguen detenidos, los cuadros de la LND siguen sometidos a una estrecha vigilancia; incluso se prohibe todo acceso a la calle que lleva a la casa de Suu Kyi. Aunque ésta ha modificado visiblemente su línea de comportamiento frente a la junta. Ha declarado que quiere cooperar con el gobierno en todos los campos que podrían beneficiar directamente a la población y que no quiere oponerse más a una reanudación de la ayuda económica a su país, si ésta se concede de un modo totalmente transparente y ético.

Esta elección de un compromiso en el marco de la reconciliación nacional pone desde ahora la pelota en el campo del poder y coloca a la comunidad internacional frente a sus responsabilidades. Ya pueden percibirse los efectos: Japón, el más importante de los países donantes, presiona a la junta militar. Durante su visita oficial, a principios de agosto de 2002, Yoriko Kawagashi, ministra de Asuntos Extranjeros de Japón, animó al general Than Shwé, presidente del SPDC, a promover la democracia y a abrir el diálogo con Suu Kyi. Según fuentes oficiosas niponas, Than Shwé, al tiempo que asentía, cerró de inmediato la discusión sobre el asunto.

El levantamiento por la LND de su oposición a la ayuda internacional (bajo reserva de un riguroso control de su distribución) saca una espina importante al SPDC – que espera desesperadamente la retirada de las sanciones que han paralizado la economía. Uno de los puntos donde los representantes de la junta parece que han reaccionado más positivamente concierne a las reformas económicas, únicas garantías que les permiten atraer capitales extranjeros. Pero aunque Japón está dispuesto a volver a emprender su ayuda financiera, los otros países occidentales reservan su posición.

El apartamiento del viejo dictador No Win, uno de los adversarios más implacables de la familia de Aung San Suu Kyi - que acaba de morir, el 5 de diciembre de 2002 - por los tres hombres fuertes del momento, los generales Than Shwé, Maung Aye y Khin Nyunt, parece haber facilitado esta evolución positiva. Pero estas transformaciones son ante todo el fruto del desgaste de la autoridad del SPDC ante la crisis económica que el poder intenta solucionar por medio del uso intensivo de la fábrica de moneda. Con una inflación galopante como resultado. Además el empobrecimiento del país y la devaluación de su moneda se agrava por la economía paralela dirigida por los barones de la droga que operan en sus feudos regionales con una impunidad casi total, debido a su dominio sobre los principales flujos del cambio externo. El cambio oficial sigue siendo 6 Kyats por dólar desde hace treinta años, mientras que en el mercado negro no para de hundirse y ha alcanzado actualmente el cambio de ¡1200 Kyats!

La parte del dinero procedente del blanqueo del dinero de la droga es muy importante en la actividad económica y el SPDC no desconoce el impacto negativo que produce en el extranjero. Han aumentado por tanto, de un modo espectacular, las acciones destinadas a mejorar su imagen ante la opinión internacional. Desde comienzos del 2002, ha intensificado su propaganda, desvelando programas de varios millones de dólares para sustituir la amapola del opio en los Estados federados Shan, Kachin y Karenni. Pero al mostrar destrucciones de campos de la Birmania profunda, fuera de las zonas tradicionales de plantío, el régimen confirma la expansión de las superficies cultivadas de amapola, animada localmente por el ejército.

Con el pretexto de facilitar el abandono de los cultivos de amapola, el SPDC ha favorecido un traslado en masa de las poblaciones de la etnia Wa que poblaban los distritos septentrionales del Estado Shan, situados a lo largo de la frontera china. Los generales birmanos han autorizado a los Was a instalarse en los territorios meridionales del Estado Shan que bordea la frontera tailandesa. Esto permitiría presionar indirectamente sobre Tailandia por la presencia del United Wa State Army (UWSA). En pocos años, los Was se han implantado sólidamente gracias al dinero de la droga, construyendo carreteras y trasladando una parte mayoritaria de su población. Lo que les permite contar con un recurso importante de mano de obra, tanto para asegurar el alistamiento en su ejército, como para desarrollar todos los “business” de la zona fronteriza, entre ellos la fabricación de anfetaminas a tan gran escala que inundan el mercado tailandés.(1)

Los Was se han convertido en aliados objetivos e irremplazables de los dirigentes de la junta, suministrándoles, alternativamente, un apoyo armado en los enfrentamientos con los nacionalistas shans de la Shan State Army (SSA), y un apoyo económico para el desarrollo de las infraestructuras. Como otros barones de la droga, utilizan esa alianza para blanquear el dinero sucio por medio de las sociedades que controlan, situadas así en la cabecera de las empresas birmanas. Las dos más importantes son Asia World, controlada por Lo Hsing Han; y Hong Pang Co, controlada por Wei Shao Kang, uno de los dirigentes del UWSA. A principios de agosto, el general Than Shwé citó a estas dos empresas entre una serie de compañías implicadas en la reconstrucción y el desarrollo de la red viaria.

Un informe titulado Unsettling Moves, publicado en abril de 2002 por la Lahu National Development Organization, una ONG local, calcula que desde 1999 se ha obligado a 126 000 personas a desplazarse. Siguiendo órdenes de los dirigentes Was, estos campesinos no han tenido más que algunas horas para liar su escueto macuto y partir, abandonando casa y ganado. Parte de los más afortunados fueron llevados por camiones de la compañía Hong Pang Co, y el resto tuvo que recorrer a pie casi cuatrocientos kilómetros en menos de tres meses.

Aunque el informe constata miles de muertos por las fiebres contraídas en valles infestados de malaria o por disenterías ebidas a malas condiciones higiénicas, sin embargo atestigua que los Was no han sufrido extorsiones directas por parte del ejército birmano, al contrario que los aldeanos Shans y Lahus.En el conjunto del Estado Shan, son numerosos y clásicos los testimonios recogidos sobre las destrucciones y saqueos perpetrados por las unidades militares, sin hablar de las tasas en forma de dinero pero también de arroz y otras formas de comida para alimentar dichas unidades. Sin embargo desde hace algunos años, la junta ha ampliado su política de birmanización forzada. Ha empezado por desplazamientos forzados de poblaciones shans, reemplazadas por campesinos birmanos que vienen de la meseta central. Luego ha animado con circulares y recompensas a los soldados birmanos para que se casen con mujeres shans. Algunas ONGs shan han intentado alertar a la opinión sobre la práctica forzada de esterilización en los hospitales del Estado shan.

Pero, estos últimos años, la junta ha copiado los métodos desarrollados en Bosnia, animando implícitamente a la práctica de la violación como arma de guerra contra las poblaciones civiles. Dos ONGs shan, la Shan Human Right Foundation y la Shan Woman Action Network, han publicado el 19 de junio de 2002 el impresionante estudio “Licence to rape”, que abarca cinco años y denuncia 625 violaciones de mujeres.

Este informe ha llamado la atención de varios miembros del Congreso americano. Una de sus representantes, Ros-Lehtinen, ha declarado que esta práctica de la violación es un atentado a las Convenciones de Ginebra y debería considerarse como un crimen de guerra. El Secretario de Estado Collin Powell ha pedido a su departamento que exija explicaciones a Rangoon. La publicación de este informe no podía caer peor para el SPDC: acababa de aportar 450 000 dólares a la sociedad americana DCI Associate, encargada de hacer lobbying ante el Presidente George W. Bush para ayudar a normalizar las relaciones con Washington.

Pese a que Rangoon logra imponer perfectamente su juego frente a sus vecinos e incluso en el seno de la Asociación de los países del Sureste asiático (Asean). En el comunicado final que cerró la última asamblea en Brunei, el 31 de julio, los ministros han declarado que la situación de los derechos de la persona en Birmania ¡había mejorado desde finales del año 2000! Y no han hecho ninguna mención de la liberación de Aung San Suu Kyi, por insistencia formal del ministro birmano Win Aung.

Tailandia habría podido tener una posición más crítica, habida cuenta sus relaciones tensas con Rangoon.( 2) Pero las consignas del primer ministro Thaksin Shinawatra se han respetado escrupulosamente por su ministro de asuntos extranjeros, cuya misión consistía en ignorar todos los aspectos sensibles para complacer a la junta. En efecto, Thaksin desea apaciguar las tensiones a cualquier precio, con el único objetivo de favorecer las relaciones comerciales. Para distender a los generales birmanos poco inclinados a las concesiones, ha abandonado los principios de defensa de la integridad territorial y ha sacrificado a los generales tais más intransigentes frente a las provocaciones del ejército birmano y al tráfico de droga que éste sustenta abiertamente.

Sea cual sea la situación del país, la capacidad de relanzamiento que tiene el triunvirato de generales dirigido por Than Shwé indica que siguen siendo los dueños. El ejército está lejos de querer dejar el poder, cualquiera que sea la conclusión de las largas discusiones que el poder de Rangoon se apresta a mantener con la oposición, dirigida por Aung San Suu Kyi.

La LND considera que el ejército es inevitable e indisociable del poder, lo mismo que la oposición en el exilio dirigida por el Gobierno nacional de coalición de la unión de Birmania (GNCUB) del doctor Sein Win. Será durante mucho tiempo la
única estructura establecida y sólida, sobre la que un poder democratizado tendrá que apoyarse o a la que tendrá que acostumbrarse, tanto en términos de organización, como para garantía de la unidad nacional. Sólo a más largo término se podría considerar la reducción de su tamaño y a la vez, del peso financiero que representa. En este contexto, las minorías étnicas están lejos de haber adquirido los derechos y la autonomía a los que aspiran.

Cuando los militares rechazaron reconocer la victoria electoral de la LND en las elecciones de 1990, un buen número de observadores predijo que la junta se había asegurado un mantenimiento en el poder por una década. La liberación el 25 de noviembre de 2002 de 115 prisioneros políticos no puede engañar a nadie. Estaban acabando su condena y un millar de opositores permanecen en las mazmorras del régimen. Hará falta todavía otra década para que una verdadera democracia empiece a tomar forma en Birmania.

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* Periodistas

NOTAS:

(1) Los Tailandeses evalúan que entre 700 millones y 800 millones de comprimidos de anfetaminas se introducen clandestinamente por las rutas de la droga.
(2) Desde finales de los años 90, los nacionalistas de la Shan State Army, uno de los últimos movimientos de lucha armada contra el régimen militar birmano, han lanzado incursiones audaces. Los militares birmanos han interpretado que están asociados o manipulados por el ejército tailandés, lo que ha causado en éste reacciones muy vivas. En dos ocasiones, febrero de 2001 y mayo de 2002, se han enfrentado brutalmente los ejércitos tailandés y birmano; resolviéndose ambas veces a favor de los Tais.

Nuestros anteriores artículos de los mismos autores:

-”Tahilandia, caballo de Troya de Birmania”, con un mapa de Philippe Rekacewicz (enero de 2000).
-”En Birmania represión con narcotráfico de fondo” (noviembre de 1998).
-”Reconocimiento regional de la Junta Birmana” (junio de 1997).

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